Amílcar Olán, presunto socio de hijos de AMLO, busca amparo por intervenciones telefónicas

CIUDAD DE MEXICO.-Jorge Amílcar Olán Aparicio, señalado como socio de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha interpuesto una demanda de amparo contra lo que él afirma son intervenciones ilegales en sus comunicaciones y seguimiento geográfico en tiempo real. La acción legal fue presentada contra un juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Quintana Roo, con residencia en Cancún, así como contra diversas autoridades a las que acusa de acceder a datos de sus comunicaciones privadas.

Olán Aparicio responsabiliza al Poder Judicial de la Federación (PJF) por la filtración de audios que han sido expuestos en reportajes periodísticos, particularmente aquellos publicados por el periodista Carlos Loret de Mola en el portal de noticias Latinus y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

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Resultados de investigaciones en su contra

Los señalamientos en su contra surgieron a raíz de una serie de investigaciones realizadas por MCCI. Se expuso que la empresa de Olán Aparicio, Romedic, recibió más de 490 millones de pesos de recursos públicos entre 2020 y 2022, presuntamente gracias a la intermediación de gobiernos morenistas en Tabasco y Quintana Roo.

Además, se revelaron sus relaciones comerciales con personas vinculadas al gobierno federal, como César Mauricio Calderón Alipi, hermano del actual director general del IMSS-Bienestar.

Otras investigaciones posteriores detallaron la adquisición de terrenos a precios considerablemente bajos, aparentemente relacionados con proyectos gubernamentales. Esto incluyó la compra de un terreno de 180 hectáreas, realizado seis días después del inicio del gobierno de López Obrador, y otro terreno de mil metros cuadrados, que pertenecía a un contratista de Pemex.

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Lo que dice la demanda de amparo

Ante las filtraciones y las acusaciones en su contra, Olán Aparicio presentó la demanda de amparo el 2 de mayo de 2024, argumentando que se vulneraron varios de sus derechos constitucionales.

En dicho recurso, Olán Aparicio asegura que con las supuestas intervenciones telefónicas y localización geográfica autorizadas en su contra y su exposición, las autoridades judiciales violaron los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución, que establecen entre otras cosas sus derechos a no ser molestado y a no ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.

Solicitudes del juzgado para fijar fecha de audiencia

Por esta razón, el Juzgado le solicitó informar si lo que realmente pretende reclamar es la integración de alguna carpeta de investigación instruida en su contra y de ser así especifique las autoridades investigadoras a las que les atribuye dicho acto.

Además, le solicitó que narre todos aquellos acontecimientos ocurridos con antelación a la supuesta intervención de comunicaciones privadas, localización geográfica en tiempo real y el acceso de datos conservados por concesionarias de telecomunicaciones.

Por el momento, no se ha fijado una fecha para audiencia, ya que el juez aguarda la respuesta de Olán Aparicio a sus requerimientos.

Con información de Animal Político