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Samuel García enfrentará nuevo juicio político por casos de corrupción e irregularidades

Entre las irregularidades destacadas se encuentra la falta de publicación de decretos clave, como el de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la omisión del Presupuesto 2024.

Samuel García enfrentará nuevo juicio político por casos de corrupción e irregularidades

MONTERREY, Nuevo León.- El Congreso de Nuevo León ha decidido iniciar un nuevo juicio político contra el gobernador Samuel García, turnando el caso con carácter de urgencia a la Comisión Anticorrupción. Esta acción se basa en la acusación de que el gobernador ha incumplido diversas normativas legales y constitucionales.

Los Diputados que han promovido este nuevo proceso argumentan que García ha violado 18 artículos de la Constitución de Nuevo León, así como cinco artículos de leyes secundarias en siete resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia. Además, se menciona que el gobernador ha ignorado tres resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Carlos de la Fuente, Coordinador de la Bancada de Acción Nacional en el Congreso local, detalló que el gobernador no ha publicado 23 decretos y más de 100 acuerdos aprobados por el Legislativo. También se incluye la falta de publicación de 56 decretos ya mencionados en un juicio político previo.

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Decretos y presupuestos pendientes

Entre las irregularidades destacadas se encuentra la falta de publicación de decretos clave, como el de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la omisión del Presupuesto 2024. Esta situación ha llevado a los Legisladores a buscar que el nuevo proceso se inicie pronto, con la intención de que la próxima legislatura pueda continuar con el procedimiento si no se resuelve en este periodo.

Plazos legislativos y próximos pasos

Carlos de la Fuente explicó que la actual legislatura concluirá sus funciones el 31 de agosto de este año. Por lo tanto, los Legisladores intentarán avanzar lo más posible en este nuevo juicio político antes de la fecha límite. Los asuntos que no se resuelvan antes del fin de la legislatura serán transferidos a la siguiente.

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