4T sobre Reforma Judicial: “No es golpe de estado, es una transformación”

México.- Funcionarios federales y legisladores de la Cuarta Transformación (4T) han identificado y tratado de refutar lo que consideran 17 “mitos” relacionados con la propuesta de reforma judicial del presidente, la cual ha generado controversias y protestas laborales.

Estos mitos abordan preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial, el proceso de elección de jueces y magistrados mediante voto popular, y la reducción en el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre otros temas.

Uno de los puntos más controvertidos es la acusación de que la reforma representa un “golpe de Estado” al Poder Judicial. Ante esto, los funcionarios de la 4T argumentan que la reforma no desmantela el sistema judicial, sino que lo transforma para hacerlo más accesible y democrático, sin comprometer su autonomía. Aseguran que la intención es fortalecer el Poder Judicial, no restarle independencia.

Otro mito señalado por la 4T es la preocupación de que la reforma promueva la elección de “jueces y juezas carnales”, es decir, jueces afines al gobierno en turno.

La 4T sostiene que el proceso de elección propuesto incluirá foros y debates abiertos, sin financiamiento externo ni interferencia de partidos políticos, lo que garantizaría la imparcialidad en la elección de los funcionarios judiciales.

Respecto al temor de un desmantelamiento del Poder Judicial, la 4T subraya que la reforma no afectará la independencia judicial ni la estabilidad en la carrera judicial.

Los jueces y magistrados continuarán en sus cargos por periodos de nueve años, con posibilidad de reelección, lo que, según los proponentes, asegura un servicio judicial comprometido y profesional.

La acusación de que la reforma es una simulación sin disposición a escuchar o construir una propuesta viable también fue abordada.

Legisladores de la 4T

Los legisladores de la 4T defienden que el proyecto de dictamen ha incluido las voces de más de 66 personas, resultando en más de 100 modificaciones al texto original. Esto, dicen, demuestra que la Cuarta Transformación escucha al pueblo y actúa conforme a su mandato.

Un mito más, relacionado con la capacidad del pueblo para elegir a sus autoridades judiciales, es refutado con el argumento de que los ciudadanos han desarrollado una mayor conciencia cívica y conocimiento, lo que les permite tomar decisiones informadas en las elecciones. Según la 4T, esta reforma democratiza el proceso y acerca más el poder judicial a la población.

La 4T también defiende la reforma como un paso crucial para combatir la corrupción en el Poder Judicial, argumentando que la elección popular de las autoridades judiciales evitará que estas actúen en beneficio de intereses ajenos a los del pueblo. Se considera que este es solo el primer paso para erradicar prácticas corruptas dentro del sistema.

En cuanto a la reducción en el número de ministros de la SCJN de 11 a 9, la 4T sostiene que esta medida no afectará la calidad ni la eficacia de las decisiones judiciales. En cambio, aseguran que contribuirá a la austeridad republicana al generar ahorros significativos en recursos públicos.

Finalmente, la reforma es defendida frente a las acusaciones de populismo. Los proponentes afirman que la iniciativa es necesaria y democrática, dirigida a combatir la corrupción, la impunidad y la ineficiencia en la impartición de justicia, restaurando así la credibilidad y legitimidad del Poder Judicial.

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En respuesta a la preocupación de que la reforma podría dejar inoperante al sistema judicial, la 4T aclara que la transformación será un proceso gradual y ordenado, con una implementación completa proyectada para el año 2039.