Nueva Reforma Energética busca fortalecer a la CFE en sexenio entrante

México.- El último esfuerzo del gobierno obradorista para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está en marcha con la reciente propuesta de reforma enviada por el ejecutivo.

La iniciativa, que ha sido aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, busca otorgar a la CFE el estatus de empresa pública, marcando el inicio de un proceso legislativo que determinará su aprobación o rechazo.

La reforma se basa en el principio fundamental del obradorismo de robustecer a la CFE y garantizar su preeminencia en el mercado de generación eléctrica, asegurando un 54% de participación para la empresa estatal y un 46% para las industrias privadas.

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El objetivo principal del documento es eliminar el concepto de empresa pública del estado, introducido en la reforma constitucional de 2013, que prioriza la rentabilidad y las utilidades en la inversión gubernamental. En su lugar, la iniciativa propone que la CFE se enfoque en “preservar la seguridad y autosuficiencia energética” y en “proveer electricidad al pueblo al menor precio posible, evitando el lucro”.

Según la propuesta, el Estado mexicano sería responsable del sistema eléctrico nacional y de su control, garantizando el acceso a todos los estratos sociales del país. Esta modificación podría alterar significativamente el funcionamiento de la CFE, así como anticipar cambios en Pemex, aunque los analistas advierten que la propuesta es ambigua y carece de claridad en su redacción.

Desde la perspectiva obradorista en política energética, esta reforma podría liberar a la CFE de la obligación de demostrar la viabilidad financiera de sus proyectos, permitiendo que las inversiones se guíen por criterios distintos a la rentabilidad.

No obstante, la falta de detalles sobre el régimen de empresa pública del Estado genera incertidumbre. Ana Lilia Moreno, de México Evalúa, señala que la nueva figura jurídica que se plantea no tiene precedentes claros y su definición dependerá de las leyes secundarias que se aprobarían posteriormente.

Aunque la reforma no excluye la inversión privada en el sector energético, es poco clara respecto a cómo se permitiría su participación y en qué proyectos. La propuesta establece que las leyes que regulen la participación de particulares deben basarse en el principio de “justicia social”, una definición que, según los expertos, es ambigua y no proporciona lineamientos precisos sobre la colaboración entre el Estado y el sector privado en el sistema eléctrico.

Iniciativa

Además, la iniciativa menciona que los particulares no podrán tener “prevalencia” sobre la CFE, un término inusual en la legislación que ha generado dudas entre especialistas y compañías privadas sobre su interpretación. Durante el sexenio, el sector privado en el mercado energético ha enfrentado incertidumbre y limitaciones en nuevas inversiones, y esta reforma podría continuar esa tendencia.

El equipo de Claudia Sheinbaum ya había indicado que permitiría la participación de otras compañías en actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica, y lo propuesto en la reforma podría abrir la puerta a estas acciones, aunque aún no está completamente definido.

El proceso de discusión y posible aprobación de la reforma aún es largo, pero la presidenta electa ya ha expresado su apoyo al proyecto, y la próxima directora de la CFE, Emilia Esther Calleja, ha adoptado el discurso de priorización de la CFE en el mercado de generación eléctrica.

Otro aspecto importante de la iniciativa es la propuesta de hacer del internet un servicio público proporcionado por la CFE.

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De aprobarse, esto se realizaría a través de la filial CFE Telecomunicaciones e Internet Para Todos, creada durante el sexenio, pero que hasta ahora no ha alcanzado los resultados esperados.

Esta medida podría verse reforzada por la posible desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), lo que podría dar lugar a un nuevo ente preponderante.

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Según Moreno, este cambio podría permitir a CFE Telecom realizar actividades anticompetitivas sin estar sujeta a las reglas de competencia económica, especialmente en un contexto donde se logre la reforma judicial propuesta, lo que plantearía desafíos significativos para cualquier litigio en su contra.