“EU elige jueces en 43 estados por voto popular”: Las respuesta de México a EU por la crítica de Ken Salazar a la reforma al Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO.-El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, criticó la reforma judicial promovida por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En una conferencia de prensa, Salazar expresó su preocupación de que esta reforma, que propone la elección directa de jueces, podría amenazar la democracia en México y afectar negativamente la relación trilateral entre Estados Unidos, México y Canadá bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC).

Salazar, quien anteriormente se desempeñó como procurador general de Colorado, argumentó que la reforma podría hacer que los jueces sean vulnerables a la influencia del crimen organizado y a la corrupción política. En su opinión, la elección directa de jueces no solo no resolvería los problemas de corrupción en el sistema judicial, sino que también podría debilitar la institución y poner en riesgo la estabilidad de la integración económica de América del Norte.

El embajador expresó su opinión, afirmando que cualquier reforma judicial debe incluir salvaguardas para garantizar que el Poder Judicial sea fortalecido y no se convierta en una herramienta de corrupción. Salazar subrayó que la reforma propuesta representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia en México y para la confianza de los inversionistas en el marco legal del país.

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Respuesta de Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard, quien será el próximo secretario de Economía, respondió a las críticas de Salazar durante una gira por el estado de Morelos. Ebrard cuestionó la postura del embajador estadounidense, recordando que en 43 de los 50 estados de EU los jueces son elegidos por voto popular. Argumentó que la crítica de Salazar se basa en una comparación inapropiada, ya que la elección de jueces por voto popular es una práctica establecida en Estados Unidos.

Ebrard rechazó la afirmación de que la reforma judicial mexicana podría afectar el T-MEC, señalando que el tratado no aborda cuestiones relacionadas con el proceso de selección de jueces ni con la organización del poder judicial en México. Además, destacó que México no ha intervenido en las reformas judiciales en EU y criticó la intromisión estadounidense en los asuntos internos mexicanos.

El futuro secretario de Economía subrayó que la reforma tiene como objetivo mejorar la transparencia y fortalecer el sistema judicial en México. Afirmó que México tomará sus propias decisiones en materia de reformas judiciales sin dejarse influenciar por presiones externas, y destacó que la relación bilateral debe basarse en el respeto mutuo y la cooperación.

Postura de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, presidenta electa, también se pronunció en respuesta a las críticas de Salazar. Sheinbaum señaló que en la mayoría de los estados de EU los jueces son elegidos por voto popular, y utilizó este hecho para argumentar que la reforma propuesta en México no es una medida excepcional. En su opinión, la reforma busca introducir un sistema similar al de EU para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el poder judicial.

Sheinbaum defendió la reforma como una medida que permitirá a los ciudadanos elegir a sus jueces de manera directa. Reiteró que la reforma no solo pretende mejorar la transparencia, sino también asegurar que los jueces sean responsables ante el pueblo. Invitó a los jueces que se postulen en las futuras elecciones a presentar sus currículos y demostrar su capacidad para recibir el apoyo de los votantes.

Reacción del senador Ricardo Monreal

El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, rechazó las críticas de Salazar y defendió la reforma judicial como una medida legítima para fortalecer la democracia en México. Monreal sugirió que Salazar no había leído completamente la propuesta de reforma y anunció que le enviaría los fragmentos relevantes del proyecto que garantizan que la reforma no tendrá los efectos negativos que el embajador teme.

El senador subrayó que en muchos estados de EU los jueces son elegidos por el pueblo, y argumentó que México está siguiendo una práctica democrática similar. Rechazó la idea de que las críticas de Salazar constituyan una amenaza para la democracia en México y destacó que la reforma busca profundizar la vía democrática en el poder judicial.

Monreal también enfatizó que México no aceptará intromisiones externas en la elaboración de sus leyes y que el país continuará con el análisis y diálogo sobre la reforma judicial sin dejarse influenciar por presiones extranjeras.

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Nota diplomática de AMLO a EU

En respuesta a las críticas de Salazar, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), envió una nota diplomática al gobierno de EU expresando su “profundo extrañamiento” por las declaraciones del embajador. La nota consideró las críticas como una injerencia inaceptable en los asuntos internos de México y afirmó que la reforma judicial busca fortalecer el Estado de Derecho y mejorar el acceso a la justicia mediante procedimientos democráticos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también condenó la intromisión y acusó a EU de aplicar una política injerencista en el continente americano. López Obrador subrayó que México es un país soberano y que las reformas judiciales deben ser decididas internamente sin influencias externas. La nota diplomática enfatizó que las reformas se realizan de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Constitución y que el objetivo principal es consolidar un Poder Judicial independiente y autónomo.

Detalles de la reforma judicial de AMLO

• Elección directa de jueces: La propuesta establece que tanto ministros de la Suprema Corte como magistrados y jueces serán elegidos a través de elecciones ordinarias. Estas elecciones estarán organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).
• Reducción de integrantes en la Suprema Corte: La reforma plantea reducir el número de ministros de 11 a 9 y disminuir su periodo de servicio de 15 a 12 años. También se eliminarán las dos Salas de la Suprema Corte, consolidando sus funciones en el Pleno.
• Eliminación de la pensión vitalicia: Los actuales y futuros ministros de la Suprema Corte perderán el derecho a la pensión vitalicia, y sus remuneraciones se ajustarán al tope salarial del presidente de la República.
• Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal: El Consejo de la Judicatura será reemplazado por dos nuevas instituciones: el Tribunal de Disciplina Judicial, que investigará posibles actos de corrupción y mala conducta, y el Órgano de Administración Judicial, encargado de funciones administrativas y presupuestarias.
• Reglas procesales: La reforma incluye nuevas reglas para asegurar la justicia expedita, con plazos específicos para la resolución de casos fiscales y penales. También se prohíbe la suspensión de leyes con efectos generales en amparos y acciones de inconstitucionalidad.