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Marchan al Zócalo contra la reforma al Poder judicial; Prevén reforma para 1 de septiembre

Aproximadamente 700 miembros del Poder Judicial se manifestaron en el Zócalo de la Ciudad de México en protesta contra una reforma judicial propuesta por el gobierno de AMLO.

Marchan al Zócalo contra la reforma al Poder judicial; Prevén reforma para 1 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO.-Se ha llevado a una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México, con el objetivo de oponerse a la reforma judicial propuesta. La marcha, convocada por varios miembros del Poder Judicial, fue en rechazo a las reformas planteadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que se prevé podrían ser discutidas y posiblemente aprobadas el 1 de septiembre.

Protesta y motivos

Maricela Gutiérrez Galindo, una veterana del Poder Judicial con 25 años de servicio, fue una de las figuras de la manifestación. Ella expresó un sentimiento generalizado de indignación, afirmando que la reforma propuesta busca “destruir la autonomía e independencia del Poder Judicial”. Gutiérrez Galindo y otros participantes sostienen que el Poder Judicial ha sido el único poder que ha actuado como contrapeso a los Ejecutivos y Legislativos en México, desempeñando un papel crucial en la protección de los derechos ciudadanos.

En la marcha, que atrajo a aproximadamente 700 manifestantes según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se vieron pancartas con mensajes como “La vida es una tómbola, la justicia no” y “Poder Judicial contra la Arbitrariedad”. Además, se corearon consignas como “Si el pueblo se informa, no pasa la reforma”.

Arturo, otro de los líderes de la protesta, expresó que la reforma judicial es una amenaza directa al Poder Judicial, y prometió que la resistencia contra la reforma continuará hasta que se detenga el avance de esta propuesta.

Expectativas para el 1 de septiembre

La reforma al Poder Judicial se encuentra en el centro de un debate y se prevé que sea una de las primeras iniciativas legislativas discutidas por la nueva Legislatura que se instalará el 1 de septiembre. Ricardo Monreal, futuro coordinador de los diputados morenistas, ha indicado que están considerando convocar una sesión especial para debatir la reforma ese mismo día.

Esta reforma ha sido un tema de controversia no solo a nivel nacional, sino también internacional. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha advertido que la reforma podría poner en riesgo la democracia y afectar negativamente al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin embargo, Monreal ha minimizado estas preocupaciones, calificando las declaraciones del embajador de “excesivas”.

Detalles de la reforma judicial propuesta

La reforma propuesta por el gobierno incluye varios cambios en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial:

  • Elección directa de jueces: La propuesta establece que ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces serán elegidos a través de elecciones ordinarias organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE). Esto representa un cambio en la forma en que se seleccionan los miembros del poder judicial.
  • Reducción de integrantes en la Suprema Corte: La reforma propone reducir el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9 y disminuir su periodo de servicio de 15 a 12 años. También se eliminarán las dos Salas existentes, consolidando sus funciones en el Pleno.
  • Eliminación de la pensión vitalicia: Se propone que los actuales y futuros ministros de la Suprema Corte pierdan el derecho a una pensión vitalicia, con sus remuneraciones ajustadas al tope salarial del presidente de la República.
  • Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal: El actual Consejo de la Judicatura sería reemplazado por dos nuevas instituciones: el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de investigar actos de corrupción y mala conducta, y el Órgano de Administración Judicial, que manejaría las funciones administrativas y presupuestarias.
  • Nuevas reglas procesales: La reforma también introduciría nuevas reglas para asegurar una justicia más expedita, estableciendo plazos específicos para la resolución de casos fiscales y penales. Además, se prohibiría la suspensión de leyes con efectos generales en amparos y acciones de inconstitucionalidad.

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