Eduardo Ruiz-Healy: La mayoría de la gente quiere la reforma al Poder Judicial

En el programa de Eduardo Ruiz-Healy, se produjo un acalorado debate entre el anfitrión y el periodista Hugo Páez sobre la reforma al Poder Judicial en México. La discusión giró en torno a los efectos de la reforma, la percepción pública del poder judicial, y las implicaciones políticas para el gobierno entrante y saliente.

El contexto de la reforma:

Hugo Páez comenzó señalando que la administración del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, dejaría un “campo minado” a su sucesora, Claudia Sheinbaum, debido a las tensiones crecientes con Estados Unidos y, en particular, con el Poder Judicial. Páez explicó que, aunque la reforma judicial ya había sido aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados y se dirigía al pleno, los efectos reales no se sentirían de inmediato. Según él, la verdadera confrontación se desarrollaría a lo largo de 2024, con la entrada en vigor plena de la reforma prevista para 2025, lo que podría generar un ambiente de virulencia y conflicto sostenido entre los actores judiciales y políticos.

La percepción pública del Poder Judicial:

Ruiz-Healy, por su parte, adoptó una postura crítica hacia el poder judicial, subrayando que este se encuentra sumamente desprestigiado ante la ciudadanía. Señaló que, a pesar de los paros de labores por parte de trabajadores judiciales, no se ha visto un apoyo popular importante en defensa de la institución. “He visto más ciudadanos salir para festejar una victoria en un mundial de futbol que salir a defender al Poder Judicial”, comentó Ruiz-Healy, quien además afirmó que “a la mayoría de la gente no le importa” la situación del Poder Judicial y “quiere la reforma de AMLO”. En su opinión, esto se debe a la percepción generalizada de que el sistema judicial en México es ineficiente y corrupto.

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Los derechos laborales y la reforma:

A pesar de su crítica, Ruiz-Healy reconoció que los trabajadores del Poder Judicial tienen derecho a defender sus condiciones laborales, como cualquier otro sector. Sin embargo, reiteró que esta lucha no cuenta con el respaldo de la mayoría de la población. Hugo Páez, en respuesta, defendió la legitimidad de los paros y las protestas, argumentando que los jueces, magistrados y ministros tienen derecho a reclamar por sus condiciones laborales. No obstante, admitió que la falta de empatía y apoyo popular podría dificultar el éxito de estas manifestaciones.

Páez también destacó que la reforma judicial incluye la eliminación de fideicomisos y la reestructuración de sueldos, lo que ha generado preocupación entre los trabajadores del sector. Señaló que la Constitución permite estos cambios, pero que podría haber controversias constitucionales debido a la interpretación de los derechos laborales afectados.

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Un debate sobre la popularidad y la legitimidad:

El debate se intensificó cuando Ruiz-Healy cuestionó la relevancia de contar con apoyo popular para una causa, comparando la situación con conflictos históricos donde el respaldo ciudadano fue crucial. Páez respondió que, si bien el apoyo popular es importante, la lucha por los derechos laborales no debería depender de la simpatía de la mayoría, sino de la justicia de la causa.

En un punto álgido de la discusión, Ruiz-Healy criticó la falta de defensa efectiva del Poder Judicial por parte de los partidos de oposición, sugiriendo que su ineficiencia fue una de las razones por las cuales Morena, el partido de López Obrador, ha logrado consolidar tanto poder en los últimos años. Páez, por otro lado, consideró que la reforma judicial es una oportunidad para corregir errores pasados y mejorar el servicio del Poder Judicial, aunque reconoció que el camino será difícil y probablemente lleno de confrontaciones.

La reforma judicial propuesta

La reforma judicial promovida por la administración actual busca transformar el sistema de justicia en México.

Elección popular de jueces y magistrados:

• Elección general: La reforma propone que todos los jueces, incluidos los ministros de la Suprema Corte y los magistrados, sean elegidos por voto popular. La elección se llevaría a cabo en 2025, con renovaciones escalonadas cada tres años en elecciones federales ordinarias.
• Proceso de selección: Las candidaturas serían propuestas de manera igualitaria y paritaria por los tres Poderes de la Unión, con el Senado verificando su cumplimiento con los requisitos legales. El Instituto Nacional Electoral (INE) organizaría la elección y computaría los votos. No se permitiría el financiamiento público o privado para las campañas, y los partidos políticos no podrían intervenir en la promoción de candidaturas.

Reforma al Consejo de la Judicatura Federal:

• Nuevos órganos: Se propone sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevos órganos autónomos: el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de investigar y sancionar actos de corrupción y falta de profesionalismo, y el Órgano de Administración Judicial, responsable de funciones administrativas, de carrera judicial y de elaborar el presupuesto del Poder Judicial.

Cambios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

• Reducción de miembros: Se reduciría el número de ministros de 11 a 9.
• Duración del cargo: El período de encargo se reduciría de 15 a 12 años.
• Eliminación de salas: La Corte sesionaría únicamente en Pleno y sus sesiones serían siempre públicas.
• Remuneraciones y pensiones: Se eliminaría la pensión vitalicia y se ajustarían las remuneraciones al tope establecido para la Presidencia de la República.