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Empresa ligada a Samuel García habría lavado millones al Cártel de los Beltrán Leyva, según investigación de Proceso

Consultoría Lefinco es una firma fundada por Marcelo Flores, hermano de Miguel Flores, quien es considerado el brazo derecho de Samuel García.

Empresa ligada a Samuel García habría lavado millones al Cártel de los Beltrán Leyva, según investigación de Proceso

Una investigación reciente de la Revista Proceso ha revelado posibles vínculos entre los despachos jurídicos del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y empresas factureras relacionadas con el blanqueo de recursos del Cártel de los Beltrán Leyva.

Los hallazgos indican que, a través de una red compleja de triangulación de fondos, los ingresos de los despachos Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJFA) y GMA Firma Jurídica Fiscal, propiedad de García y su padre, han alcanzado la cifra de 2 mil 400 millones de pesos entre 2016 y 2023.

Vínculos financieros y empresas factureras

El reportaje de Proceso vincula a Consultoría Lefinco, una firma fundada por Marcelo Flores, hermano de Miguel Flores, quien es considerado el brazo derecho de Samuel García. Esta consultoría se ha señalado como el “eje de las triangulaciones de fondos”, operando a través de pagos recibidos de Suministro MYR, que también ha canalizado recursos millonarios a los despachos de García.

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Según la Fiscalía General del Estado de Nuevo León (FGJNL), el monto blanqueado a través de empresas ligadas al Cártel de los Beltrán Leyva asciende a 21 millones de pesos.

Relación con el Cártel de los Beltrán Leyva

La investigación detalla que al menos siete empresas asociadas con el Cártel de los Beltrán Leyva han realizado pagos a Consultoría Lefinco. Entre estas empresas, se han identificado a cinco: Ferrara Consultores, Segurivic, Construcciones y Proyectos Cobalto, Constructora ZVA, y MFI Servicios y Asesoría. Esta última ha sido denunciada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Tamaulipas como una facturera utilizada para lavar millones de pesos.

Incremento sospechoso en las ganancias de los despachos jurídicos

Los despachos FJFA y GMA Firma Jurídica Fiscal mostraron un notable aumento en sus ingresos a medida que la carrera política de Samuel García avanzaba. A partir de octubre de 2021, cuando García asumió la gubernatura de Nuevo León, se registró un incremento significativo en la facturación de estos despachos, alcanzando 427 millones 843 mil pesos por presuntos desvíos del gobierno.

En 2019, los ingresos de FJFA fueron de 103 millones 646 mil pesos, mientras que GMA Firma Jurídica Fiscal facturó 31 millones de pesos. En 2020, estos ingresos aumentaron a 123 millones de pesos para FJFA y 20 millones de pesos para GMA. Sin embargo, el verdadero salto ocurrió en 2021, cuando entre enero y septiembre, periodo de la campaña para la gubernatura, FJFA tuvo ingresos de 165 millones 224 mil pesos y GMA de 27 millones 199 mil pesos.

Clientes y sectores clave involucrados

Además de las conexiones con el crimen organizado, la FGJNL identificó a los principales clientes de los despachos de García, muchos de los cuales operan en sectores estratégicos como la energía y las telecomunicaciones. Entre los clientes más importantes se encuentra el Grupo Gentor y sus filiales, que han pagado más de 770 millones de pesos a los despachos. También destacan empresas del sector energético, como Enerey Latam y BSQ Global Corporation, así como otras empresas proveedoras del gobierno, como Jacer, investigada por pagos de 202.9 millones de pesos al despacho FJFA.

La revelación de estos nexos financieros y sus conexiones con actividades delictivas podría tener serias implicaciones para la administración de Samuel García. La relación entre sus despachos jurídicos, empresas factureras y el crimen organizado plantea interrogantes sobre la integridad del gobernador y su papel en posibles esquemas de corrupción y lavado de dinero.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) continúan investigando estos hallazgos, los cuales podrían desencadenar acciones legales y políticas significativas contra el gobernador y su círculo cercano.

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