¿Adiós a la propiedad privada en la CDMX?: La opinión del exprocurador General de la República

Tras la confirmación de cambios en la Constitución de la CDMX con respecto a los derechos de propiedad privada. Las críticas de los habitantes además de los mexicanos en general no han cesado.

Uno de los expertos y cercanos al tema, el ex Procurador General de la República y notario, Ignacio Morales Lechuga expresó su opinión en torno a la decisión tomada por el gobierno de Martí Batres, calificandolo como “un golpe demoledor al derecho a la propiedad privada”.

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En su columna para El Universal, Morales Lechuga destaca que la derogación de un pequeño párrafo simboliza una amenaza significativa para cualquier propietario dentro de la capital.

La CDMX mantiene un problema de vivienda desde hace un tiempo y Lechuga apunta a que este es el primero de una serie de pasos hacia expropiaciones posibles para que el gobierno pueda controlar la vivienda y los conflictos que se presenten por la misma.

Eliminar del artículo 3° la mención del derecho a la propiedad como un derecho humano es el preludio de una serie de expropiaciones posibles para gestionar desde el gobierno el problema de la vivienda” dijo Morales Lechuga en su columna.

En comparación a las declaraciones de Martí Batres respecto a la reforma donde el Jefe de Gobierno señala que el propósito de tal propuesta es evitar que los grupos económicos más poderosos utilicen las normas locales para su beneficio.

¿Concesiones para un derecho innato?

El ex procurador menciona que dentro de la capital existen 3.5 millones de propietarios que percibieron este cambio como un golpe directo y señala que solo es el inicio de la demolición del concepto de propiedad privada.

Es el inicio de la demolición de la propiedad privada, en cuyo lugar se ofrecen “concesiones” como si un inmueble privado fuera un bien estratégico o prioritario y no un derecho innato de las personas” señaló Lechuga.

Al hablar de concesiones de un inmueble, en el caso de la propiedad privada, parecería que pasa por alto los derechos innatos del mexicano. Estas concesiones son permisos que otorgan el derecho de usar y aprovechar un bien bajo ciertas condiciones y por un periodo determinado, sin que el concesionario sea el dueño absoluto de dicho bien.

Batres, por su lado, ha sido punto central de críticas alrededor no solo de la Ciudad de México si no del país entero, que tacha a la reforma de buscar la debilitación de la propiedad privada, al mismo tiempo darle poder al gobierno, reemplazando el control absoluto y perpetuo de los bienes por un esquema de concesiones temporales bajo la regulación estatal.

El Jefe de Gobierno de la CDMX también ha repetido que la reforma no busca obstaculizar o meterse con el concepto conocido de propiedad privada si no establecer la supremacía del del interés público sobre cualquier interés particular.

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Antecedentes a la reforma

En su columna, Lechuga también aclara que el gobierno ya ha establecido legislaciones agresivas que pueden verse como dificultades a la hora de favorecer a los propietarios dentro de la Ciudad de México.

Ya el presente régimen estableció otras legislaciones agresivas en este sentido, como la declaratoria de reserva natural o de bienes del patrimonio cultural de la ciudad; o el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos, que dificulta la recuperación de un terreno invadido o la rescisión de un contrato de arrendamiento” destacó.

Si bien, Martí Batres ha señalado que una de las prioridades es favorecer el desarrollo armonioso que le otorgué facilidades a aquellas comunidades más vulnerables, Lechuga lo contradice dejando en claro que el esfuerzo de la administración actual por apoyar la construcción ha sido parco, o sea nulo.

Quienes lo intentan enfrentan un largo peregrinar de hasta 4 años para registrar una licencia de construcción, cuando en otros países de Latinoamérica no rebasa los 4 meses. Los resultados son evidentes” dijo.

Un sector estancado

El ex procurador al final de su columna toca el tema de como esta reforma pondrá en pausa la inversión de la industria inmobiliaria, que representa el principal ingreso de la ciudad, solo por detrás de los impuestos sobre nóminas.

Para finalizar, Ignacio Morales Lechuga resalta el como ya una gran cantidad de bufetes jurídicos comienzan a realizar amparos y como lo más seguro es que se esté buscando una acción de inconstitucionalidad por como esta reforma fue redactada, destacando que el daño a inversionistas ya está hecho, todo esto por parte de los partidos de oposición.