Guardia Nacional a Sedena: AMLO y Claudia Sheinbaum respaldan reforma mientras organismos y opositores están en contra

CIUDAD DE MÉXICO.-La reforma que busca integrar a la Guardia Nacional (GN) bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha generado debate en México. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, apoyan esta iniciativa, organismos internacionales como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y Amnistía Internacional han manifestado su rechazo, advirtiendo sobre los riesgos que conlleva para los derechos civiles y el equilibrio entre fuerzas militares y civiles en la seguridad pública.

Respaldo gubernamental a la reforma

El respaldo de AMLO y Sheinbaum es evidente. Durante la inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional hace unos meses, AMLO celebró que Sheinbaum, futura presidenta de México, apoye la reforma que formaliza la adscripción de la GN a la Sedena. AMLO afirmó que esta integración garantizará una mayor eficiencia en las labores de seguridad pública, recordando que la Guardia Nacional ya cuenta con cerca de 500 cuarteles a lo largo del país, muchos de ellos construidos en tiempo récord por ingenieros militares.

Sheinbaum, por su parte, destacó que la creación de instituciones como la Guardia Nacional ha sido un paso importante en la transformación del país iniciada en 2018. Según la presidenta electa, la GN ha logrado ganarse el reconocimiento de la población en tan solo cinco años, y es crucial consolidar su estructura bajo el mando de la Sedena para garantizar la paz y la justicia en el país. Para Sheinbaum, el fortalecimiento de la GN bajo el control militar es un elemento esencial en la estrategia de seguridad pública.

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Detalles de la reforma

La reforma en cuestión modifica 12 artículos de la Constitución mexicana. Uno de los aspectos más importantes es que el personal de la GN será de origen militar, aunque con formación policial. Además, se otorga a la institución la facultad de investigar delitos bajo la supervisión del Ministerio Público, una medida que ha generado preocupación por la creciente militarización de tareas que antes estaban en manos de civiles.

La propuesta también refuerza la participación del Ejército en diversas actividades no solo relacionadas con la seguridad pública, sino también en áreas como la construcción de obras públicas, el control de aduanas y el transporte de combustible, entre otras labores sociales.

Oposición de organismos internacionales y civiles

A pesar del fuerte respaldo gubernamental, la reforma ha sido criticada por organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, quienes consideran que este cambio podría tener graves consecuencias en materia de derechos humanos y la protección de la sociedad civil. La ONU-DH y Amnistía Internacional emitieron comunicados exhortando al Congreso a no aprobar la reforma.

Jesús Peña Palacios, representante adjunto del Alto Comisionado de la ONU en México, expresó su preocupación por el creciente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, señalando que esto podría socavar el enfoque civil que debe primar en estas tareas. La ONU-DH pide que la Guardia Nacional permanezca como una institución civil, bajo el control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y que las investigaciones de delitos sean llevadas a cabo exclusivamente por autoridades civiles.

Amnistía Internacional, por su parte, argumentó que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debería ser siempre limitado, y que la iniciativa presentada va en contra de las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos. La organización citó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que establece que los Estados deben restringir el uso de los militares en asuntos que no estén directamente relacionados con conflictos armados.

Preocupaciones sobre la militarización

Uno de los puntos centrales de la oposición a la reforma es el temor a la creciente militarización de la seguridad pública. Desde que López Obrador asumió la presidencia, el Ejército ha asumido un rol cada vez más amplio en tareas que anteriormente correspondían a instituciones civiles. La propuesta de trasladar a la Guardia Nacional bajo el control de la Sedena refuerza esta tendencia, lo que ha llevado a muchos expertos y organizaciones a advertir sobre los riesgos que esto supone para el equilibrio entre fuerzas militares y civiles.

Los críticos sostienen que la militarización de la seguridad pública puede erosionar la protección de los derechos humanos, ya que las Fuerzas Armadas no están diseñadas ni entrenadas para manejar situaciones cotidianas de seguridad ciudadana, como lo están las fuerzas policiales civiles.

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Resultados y percepción pública de la Guardia Nacional

A pesar de las críticas, las cifras proporcionadas por el gobierno muestran un respaldo grande a la Guardia Nacional por parte de la ciudadanía. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 76% de los mexicanos confía en la Guardia Nacional, y su presencia en áreas clave como aeropuertos, carreteras y mercados ha sido bien recibida por la población.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, destacó los logros de la GN, incluyendo la detención de más de 37 mil presuntos delincuentes y el aseguramiento de grandes cantidades de drogas, como 3,500 kg de fentanilo. Según las encuestas más recientes, la percepción de inseguridad en México ha disminuido en un 18.2% desde la creación de la Guardia Nacional, y siete de cada diez mexicanos respaldan la actuación de esta institución.