Norma Piña acepta consultas sobre la reforma judicial y asigna a Yasmín Esquivel el análisis constitucional

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, ha aceptado a trámite tres nuevas consultas presentadas por jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.

Estas consultas abordan la constitucionalidad del decreto que extingue la carrera judicial y propone la destitución de todos los jueces, quienes serían reemplazados por personas designadas mediante voto popular.

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¿Cuál es el contexto de estas consultas?

El 15 de septiembre se publicó un decreto que modifica la estructura del sistema judicial en México.

Este decreto ha generado inquietud entre los integrantes del PJF, quienes buscan clarificar las implicaciones legales y la forma en que se puede revertir o suspender los efectos de la reforma.

Con estas tres nuevas consultas, el total de casos en trámite asciende a seis, distribuidos entre diversas ministras y ministros de la Corte.

Esto es lo que sigue para la SCJN

Las consultas han sido turnadas a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien tiene la responsabilidad de analizar los casos y pronunciarse sobre el procedimiento que se debe seguir.

De acuerdo con la información proporcionada por la SCJN, una consulta es aceptada cuando no existe un procedimiento claro para atender el asunto presentado.

En tales casos, el presidente de la Corte designa a un ministro o ministra para que evalúe la situación y proponga el camino a seguir ante el Pleno de la Corte.

¿Qué implica la reforma judicial?

La reforma judicial en cuestión ha suscitado un debate amplio en el país.

De acuerdo con La Jornada, los jueces y magistrados temen que la extinción de la carrera judicial afecte la independencia y la imparcialidad del sistema de justicia.

Al proponer que los nuevos jueces sean elegidos por voto popular, se plantea un cambio radical en la manera en que se conforma el Poder Judicial.

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La ministra Esquivel Mossa deberá presentar un análisis que aborde los aspectos legales y constitucionales de la reforma.

Este análisis se someterá al Pleno de la SCJN, donde se tomarán decisiones sobre cómo proceder con las consultas y su posible impacto en el decreto publicado.