Reforma de la Guardia Nacional: Cambios y posibles consecuencias para la Seguridad Pública en México

MÉXICO.- El Senado acaba de aprobar, en lo general, una reforma a la Guardia Nacional, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una sesión que inició el martes por la noche y culminó durante la madrugada de este miércoles, el Senado aprobó con un total de 86 votos a favor y 42 en contra (por parte del PAN, PRI y MC) la reforma constitucional que traspasa la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Esta reforma ha generado gran preocupación por parte de la Oposición, además de activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos en el País debido a que, en sus términos, se estaría consolidando la “militarización” de México.

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Reforma a la Guardia Nacional: Claves para entenderla

Recordemos que la Guardia Nacional es una organización de policías que se creó en 2019 para proteger a los civiles y combatir la violencia en México.

Cuando se creó, la idea era que esta organización fuera manejada por civiles (personas que no son del Ejército ni de la Marina). Pero, desde el principio, la mayoría de los policías de la Guardia Nacional venían del Ejército o de la Marina, que son grupos militares.

Lo que busca esta reforma es que ahora oficialmente la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que es la institución que maneja al Ejército. Es como si la Guardia Nacional dejara de ser civil y pasara a ser militar.

Múltiples Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) han manifestado que esto no es una buena idea ya que los militares no deberían estar tan involucrados en la seguridad pública, dado que su trabajo es más bien de defensa en situaciones extremas, como guerras, y no en la vida cotidiana de las personas. También se preocupan porque los militares que cometan errores o perjudiquen a los civiles, ya que solo serían juzgados en tribunales militares, lo cual, según estas organizaciones, podría dificultar que se haga justicia de manera imparcial.

Además, la reforma le da más poder al Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina para seguir ayudando en la seguridad pública de manera indefinida, es decir, para siempre, lo que antes solo estaba permitido hasta 2028.

Por último, la reforma también cambia una ley que estaba vigente desde 1917, la cual decía que en tiempos de paz (cuando no hay guerra en el País), los militares no pueden hacer otras cosas más allá de su trabajo dentro del Ejército o la Marina. Ahora, la nueva regla podría permitir que los militares tengan más accesos en materias de seguridad, pero esto aún genera muchas dudas sobre qué tanto podrían intervenir en tareas que antes hacían los civiles, como la construcción de obras o la seguridad pública.

¿Cuáles son las preocupaciones que han señalado organizaciones ante la reforma?

Algunas organizaciones creen que la reforma de la Guardia Nacional puede ser un riesgo para la justicia y los derechos humanos en México, señalando varios puntos.

1. Fuero militar

El “fuero militar” significa que, si una persona del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina o la Guardia Nacional comete un delito o falta, será juzgada en tribunales militares, no civiles. Es como si fueran juzgados en una “corte especial” solo para militares, lo que puede ser problemático porque, al ser juzgados por otros militares, podrían no ser tan estrictos como lo sería un juez civil.

La Guardia Nacional, según esta reforma, formaría parte de las fuerzas militares del País (Ejército, Fuerza Aérea y Marina) y, por lo tanto, las personas de la Guardia Nacional también estarían bajo este “fuero militar.” Esto genera conflicto porque la Guardia Nacional se creó como una fuerza de seguridad para proteger a las personas en situaciones cotidianas, y esas fuerzas de seguridad suelen ser civiles. Por lo tanto, la reforma parece contradictoria, ya que dice que la Guardia Nacional es una fuerza de seguridad pública (como la policía), pero al mismo tiempo, es militar.

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2. Militarización permanente

La palabra “militarización” significa que el Ejército y otras fuerzas militares tienen más control sobre actividades que normalmente harían civiles, como la seguridad pública (vigilancia, arrestos, etc.). Esta reforma hace que los militares tengan más poder, ya no solo en situaciones de emergencia.

Organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dicen que los militares solo deberían intervenir en la seguridad pública en casos excepcionales y por poco tiempo, porque su entrenamiento está más relacionado con situaciones de guerra o defensa, no con tratar a civiles en su vida diaria. Sin embargo, esta reforma cambia las reglas y permite que el Ejército, la Fuerza Aérea, y la Marina realicen tareas de seguridad pública de manera permanente. Esto preocupa a muchas organizaciones porque creen que los militares no están preparados para respetar los derechos humanos de la misma manera que los policías civiles.

3. Violación a los derechos humanos

Los derechos humanos son las libertades y protecciones que todas las personas tienen simplemente por ser humanos, como el derecho a un juicio justo, a la libertad de expresión, a la vida, entre otros. Según la Corte IDH, los militares no deberían investigar delitos, ya que eso le corresponde a las autoridades civiles como la policía o el Ministerio Público.

Sin embargo, con la reforma, los militares que forman parte de la Guardia Nacional podrían investigar delitos, lo cual temen que podría llevar a abusos. Aunque se dice que deben actuar “bajo el mando” del Ministerio Público (la autoridad civil que investiga delitos), en realidad, los guardias nacionales suelen trabajar de manera independiente, como les dicta la jerarquía castrense, y no siguen las instrucciones del Ministerio Público como se supone que deberían hacerlo. Esto puede ser peligroso porque los militares no tienen el mismo entrenamiento para respetar los derechos de las personas cuando investigan crímenes.

¿Qué consecuencias tendría esta reforma para un civil mexicano?

Con la aprobación de esta reforma, las ONGs y la Oposición temen que los civiles podrían enfrentar consecuencias como las siguientes:

1. Mayor presencia militar en la vida diaria: Si la Guardia Nacional pasa oficialmente a ser parte del Ejército, es probable que veas más militares en las calles realizando labores de seguridad pública, como patrullajes o vigilancia en lugar de policías tradicionales. Esto podría generar sentimientos encontrados, ya que algunos se sentirán más seguros, mientras que otros podrían sentirse incómodos o preocupados por la militarización de espacios civiles.
2. Posibles riesgos en derechos humanos: Las organizaciones de derechos humanos temen que con más militares encargados de la seguridad, puedan ocurrir abusos de poder. Los militares no están entrenados de la misma manera que los policías civiles para tratar con la población en el día a día, y ya ha habido casos en el pasado donde los derechos de las personas se vieron vulnerados. Si un militar comete una falta, solo será juzgado por tribunales militares, lo que podría hacer más difícil que enfrente las mismas consecuencias que un civil.
3. Seguridad más estricta pero menos cercana: Los militares están acostumbrados a actuar bajo órdenes estrictas y a tratar con situaciones de riesgo extremo. Esto puede hacer que las respuestas a ciertos problemas de seguridad sean más duras o directas, lo que en algunos casos podría ser bueno (por ejemplo, en situaciones de mucha violencia), pero en otros casos podría ser desproporcionado o no adecuado para tratar con la vida cotidiana de las personas.
4. Menor participación de policías civiles: Los policías que vienen de la extinta Policía Federal dejarían de trabajar en la Guardia Nacional, lo que podría reducir el número de policías civiles trabajando en tareas de seguridad pública y aumentar la dependencia de personal militar. Esto también podría significar que en el futuro haya menos reclutamiento de civiles para trabajos de seguridad.
5. Posible impacto en la transparencia y justicia: Al juzgarse a los militares en tribunales militares por cualquier falta que cometan, las organizaciones temen que esto reduzca la transparencia y que no se rindan cuentas de la misma manera que lo haría un sistema civil. Esto podría generar desconfianza en cómo se maneja la justicia para aquellos que están en posiciones de poder dentro del Ejército.

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