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Jueza federal ordena suspender la elección judicial impulsada por el INE y el Senado

Una jueza federal, Grissell Rodríguez Febles, ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Senado de la República suspender el proceso electoral judicial 2024-2025, que buscaba elegir jueces, magistrados y ministros por voto popular.

Jueza federal ordena suspender la elección judicial impulsada por el INE y el Senado

El proceso de elección judicial 2024-2025, que busca seleccionar jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, ha sido suspendido temporalmente. Una jueza federal, Grissell Rodríguez Febles, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Yucatán, emitió una suspensión provisional que ordena tanto al Instituto Nacional Electoral (INE) como al Senado de la República detener cualquier avance relacionado con este proceso electoral. Además, la jueza instruyó a la Cámara de Diputados que detenga la adecuación de las leyes federales, mientras que los congresos locales no podrán realizar reformas a sus constituciones.

La demanda de amparo y sus implicaciones

Esta suspensión se deriva de una demanda de amparo interpuesta por Leoncio Paisano Arias, quien argumentó que la reforma al Poder Judicial rompe el equilibrio entre los poderes de la unión. Según Paisano, la reforma impulsada por el Poder Legislativo fue irregular, excediendo sus competencias y vulnerando el estado democrático y de derecho en el país. Además, señaló que se socavaron los principios de autonomía e independencia judicial, lo que afecta gravemente el acceso a una justicia imparcial.

En su fallo, la jueza Rodríguez Febles destacó que el proceso legislativo presentaba irregularidades graves. Subrayó que la reforma propuesta, al introducir la elección popular de jueces y eliminar requisitos esenciales como la experiencia técnica, además de cesar a los jueces actuales sin un procedimiento previo, vulnera los derechos fundamentales del Poder Judicial. Según la jueza, estas medidas regresivas comprometen la autonomía e independencia de los jueces, lo cual atenta contra el derecho humano de acceso a la justicia.

El gobierno federal aún puede impugnar esta decisión, y el caso podría ser turnado a un tribunal colegiado que determinará si confirma, modifica o revoca la resolución inicial.

El paro judicial y las demandas de los trabajadores

Mientras tanto, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, organizados bajo el grupo 32 Circuitos Unidos del PJF, han señalado que “no existen condiciones” para levantar el paro judicial que comenzó el 19 de agosto en juzgados y tribunales de todo el país. Los trabajadores exigen que el Consejo de la Judicatura emita una circular que reconozca y autorice la suspensión indefinida de los plazos judiciales, mientras no existan las condiciones necesarias para retomar las labores con normalidad.

Entre las demandas de los trabajadores se incluye la basificación de los empleados por honorarios, la ocupación de todas las plazas disponibles, un acuerdo que regule el pago de horas extra y la sustitución de personal. Además, exigen que se mantengan y mejoren sus sueldos, prestaciones y demás beneficios laborales, así como la eliminación del artículo 51 bis, que consideran perjudicial.

Posición de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la reforma judicial

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la reforma judicial, argumentando que esta otorgará mayor autonomía al Poder Judicial y que su objetivo no es controlar la Suprema Corte. En su primer discurso como mandataria federal, Sheinbaum comparó la reforma actual con la realizada durante el gobierno de Ernesto Zedillo, asegurando que, de haber querido controlar la Corte, se hubiera implementado una reforma más autoritaria.

Sheinbaum enfatizó que la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular eliminará la corrupción en el Poder Judicial y reforzará su independencia. Afirmó que este proceso será democrático y permitirá que el pueblo elija a los mejores candidatos, con el fin de garantizar la justicia en el país. También aseguró que los derechos y salarios de los trabajadores del Poder Judicial estarán protegidos.

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