Tribunal desechó amparo contra la reforma energética en 2014, pero ahora la SCJN podría revisar la reforma judicial: ¿Qué pasó?

En 2014, un tribunal federal desechó un amparo presentado contra la reforma energética impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, mientras que en 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la posibilidad de revisar una reforma judicial. Ambos casos presentan decisiones judiciales importantes, pero con resultados contrastantes.

El amparo contra la reforma energética de 2014

En el año 2014, figuras políticas como Manuel Bartlett, David Monreal Ávila, Layda Sansores y Ernestina Godoy Ramos interpusieron un amparo contra la reforma constitucional en materia energética promovida por Enrique Peña Nieto. Esta reforma, que modificaba los artículos 27 y 28 de la Constitución, abrió el sector energético mexicano a la inversión privada, incluyendo a Pemex, la empresa estatal de petróleo.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió que el amparo era “notoriamente improcedente”. Según el tribunal, la Ley de Amparo vigente desde abril de 2013 establece que no es posible utilizar este recurso para impugnar reformas o adiciones a la Constitución. En su resolución, los magistrados explicaron que los actos correspondientes al procedimiento de reforma constitucional no generan, por sí mismos, agravio directo a los ciudadanos, sino que el eventual agravio surge del contenido final de la norma reformada. Esto significa que la reforma a la Constitución no puede ser objetada por vía de amparo, ya que se trata de un proceso regulado por el Congreso y el poder constituyente.

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A pesar de los intentos de Bartlett y otros políticos de llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitando que atrajera el caso, esta petición tampoco prosperó. Finalmente, todas las demandas de amparo relacionadas con la reforma energética fueron desechadas.

El caso de la reforma judicial en 2024

Diez años después, en 2024, la SCJN aceptó analizar una controversia sobre la reforma judicial aprobada recientemente por el Congreso, una reforma que propone someter a votación popular a todos los jueces y magistrados de México. Este análisis surge en medio de un conflicto entre el Poder Judicial y el gobierno de la Cuarta Transformación (4T), que acusa a la Corte de estar actuando de manera “golpista” al revisar una reforma constitucional aprobada por el Congreso.

La ministra Lenia Batres, cercana a la 4T, expresó su preocupación de que la Corte estuviera creando una crisis constitucional al asumir la revisión de una reforma que, en su opinión, debía ser inapelable. Para Batres, esta acción representa un desconocimiento del poder reformador de la Constitución y plantea el riesgo de un golpe de Estado constitucional.

Por otro lado, la mayoría de los ministros de la Corte, con ocho votos a favor y tres en contra, decidió abrir la controversia, argumentando que el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal otorga facultades amplias para que el tribunal intervenga en cuestiones que puedan afectar la independencia y autonomía del Poder Judicial.

El análisis de esta reforma judicial se justifica, según los ministros que apoyan la controversia, debido a la necesidad de verificar si la nueva legislación es compatible con los principios constitucionales, incluyendo la división de poderes y la independencia judicial. La presidenta de la Corte, Norma Piña, subrayó que este es un momento histórico y que el artículo 11 les otorga la facultad para intervenir en cualquier asunto que ponga en riesgo la autonomía del Poder Judicial.

Diferencias entre ambos casos

A pesar de que ambos casos se relacionan con reformas constitucionales, los resultados judiciales son muy distintos. En 2014, el tribunal consideró que no era posible impugnar reformas constitucionales a través de un juicio de amparo, cerrando la puerta a cualquier revisión. Sin embargo, en 2024, la SCJN optó por revisar la reforma judicial, ampliando la interpretación de su facultad para garantizar la independencia de jueces y magistrados.

CÓMO VOTARON

Posición de las Ministras y Ministros sobre abrir una controversia para revisar la reforma al Poder Judicial:

POR ABRIR LA CONTROVERSIA

• Norma Piña, presidenta
• Juan Luis González
• Alberto Pérez Dayán
• Luis María Aguilar
• Javier Laynez
• Margarita Ríos-Farjat
• Jorge Pardo

POR DESECHAR LA CONSULTA

• Lenia Batres
• Yasmín Esquivel
• Loretta Ortiz

POR ABRIR CONTROVERSIA SÓLO PARA ACLARAR SI PROCEDE UN JUICIO DE AMPARO CONTRA LA REFORMA

• Alfredo Gutiérrez