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El Senado dice que elección de jueces va con o sin apoyo de la SCJN de Norma Piña

El Senado de México, encabezado por legisladores de Morena, ha decidido emitir la convocatoria para la elección de jueces, ministros y magistrados, el próximo 16 de octubre, como lo establece la reforma judicial, a pesar de que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, no ha entregado el listado completo de vacantes y plazas en el Poder Judicial.

El Senado dice que elección de jueces va con o sin apoyo de la SCJN de Norma Piña

CIUDAD DE MÉXICO.-El Senado de la República, independientemente de la colaboración de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña, avanzará con la convocatoria para la elección de jueces, ministros y magistrados. Esta elección, programada conforme a la reciente reforma judicial, se llevará a cabo el 16 de octubre, según lo anunció Ignacio Mier, vicecoordinador del partido Morena.

Tensión entre el Senado y la CJF

La disputa surge a raíz de la negativa del CJF, presidido por Norma Piña, de entregar el listado completo de las vacantes, retiros y demás información relacionada con las plazas judiciales que se requieren para la convocatoria. Tanto Mier como Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente de la mesa directiva del Senado, lamentaron la postura de Piña, considerándola una maniobra para retrasar la reforma y torcer la Constitución.

Ramírez Marín dejó claro que, con o sin el listado de la CJF, el Senado cumplirá con la emisión de la convocatoria en tiempo y forma, tal como lo establece la Constitución. El artículo segundo transitorio de la reforma judicial establece que el Senado tiene un plazo de 30 días naturales desde la entrada en vigor del ordenamiento para emitir la convocatoria correspondiente. Este plazo vence el 16 de octubre, y los legisladores han subrayado su determinación de seguir adelante, respetando la ley.

El retraso y las críticas hacia Piña

Norma Piña ha sido señalada por haber tomado medidas para revisar la constitucionalidad de la reforma judicial y, desde su cargo como presidenta del CJF, retrasar la entrega de información fundamental. Ignacio Mier criticó los retrasos, mencionando que Piña respondió al requerimiento del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, hasta ocho días después del plazo. Además, filtró una carta anunciando que discutirán un amparo para evitar proporcionar los datos solicitados.

Mier calificó estas acciones como subterfugios y advirtió que no lograrán frenar la reforma. Por su parte, Ramírez Marín subrayó que el incumplimiento de la entrega de la información por parte del CJF es un obstáculo para la vida institucional del país.

Análisis del CJF sobre las condiciones laborales en el Poder Judicial

En paralelo a la controversia con el Senado, el CJF ha celebrado mesas de trabajo con representantes de magistrados, jueces y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF). En estas reuniones, realizadas los días 3 y 4 de octubre, se discutieron temas como la estabilidad laboral, la carga de trabajo, las vacantes y las horas extras.

El CJF ha enfatizado su compromiso con los servidores públicos del PJF, buscando atender sus necesidades y problemáticas a través del diálogo y la implementación de acciones que mejoren sus condiciones laborales.

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Conflictos legales entre INE y TEPJF

En otro frente, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha solicitado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) detener las suspensiones relacionadas con la reforma judicial. El INE ha recibido hasta 25 notificaciones de suspensiones emitidas por jueces de diversos estados, que ordenan frenar la organización de las elecciones de junio de 2025. Dichas suspensiones establecen que el INE debe abstenerse de implementar el proceso electoral extraordinario para cargos del Poder Judicial, lo que ha generado tensiones sobre la competencia de los jueces en asuntos electorales.

El INE ha solicitado al TEPJF resolver con urgencia estas suspensiones, argumentando que interfieren con su función constitucional de organizar elecciones. Además, advierte que las sanciones por no cumplir con estas órdenes podrían implicar penas de prisión y multas severas.

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