Paro del Poder Judicial: Se cancelaron 9 mil audiencias federales incluidos temas de delincuencia organizada

Desde el 19 de agosto, el Poder Judicial de la Federación se encuentra en paro de actividades, lo que ha tenido un impacto en la operatividad de los juzgados y tribunales del país. Según datos de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se han cancelado aproximadamente 9 mil audiencias en diversas materias, incluyendo delitos de delincuencia organizada, dice La Jornada.

Impacto económico

La ministra Lenia Batres Guadarrama ha señalado que este paro, que ha durado 45 días, ha generado un daño económico de 8 mil 307 millones 834 mil 216 pesos, lo que equivale a un costo diario de 188 millones 814 mil 414 pesos. Esta cifra cubre los gastos operativos de 430 juzgados de distrito, 260 tribunales colegiados, 132 tribunales laborales federales, así como de los cuatro plenos regionales, 39 tribunales de apelación y el Centro de Justicia Penal Federal.

La información recopilada por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y la síntesis administrativa del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) revela que el costo de operación anual por cada tribunal colegiado es de 9 millones 110 mil 461 pesos, resultando en un gasto de 3 mil 553 millones 79 mil 920 pesos solo por los tribunales colegiados durante el periodo de paro.

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El impacto financiero también se extiende a los juzgados de distrito, que generan un costo anual de 68 millones 860 mil 719 pesos, y a los tribunales laborales, con un gasto de 424 millones 240 mil 740 pesos por el mismo periodo.

Afectación a audiencias

La paralización ha afectado audiencias en diversas áreas del derecho, incluyendo juicios penales, administrativos, laborales, de amparo, y de extracción de dominio. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024, los juzgados y tribunales atendían un promedio de 285 audiencias diarias, ingresando 47 causas penales cada día. Sin embargo, tras el inicio del paro, el promedio de audiencias diarias se redujo a 84 y solo 31 causas penales fueron ingresadas, limitándose a diligencias urgentes.

Particularmente, en el penal de Almoloya de Juárez, donde se llevan a cabo la mayoría de los casos de delincuencia organizada, el promedio de audiencias disminuyó de 6.96 a 3.69. De manera similar, en Puente Grande, las audiencias cayeron de 14.71 a 6.23, y el ingreso de causas penales se redujo drásticamente de cinco a 1.5 por día, informa La Jornada.

Demandas de los trabajadores

El paro fue iniciado por los trabajadores del Poder Judicial, quienes demandan la garantía de sus salarios, prestaciones y bonos actuales, así como la preservación de sus condiciones laborales hasta 2025, a pesar de la posible desaparición del CJF y la creación de un nuevo organismo. También solicitan un pago adicional de un mes de salario como compensación por el periodo de inactividad.

A finales de 2021, el Poder Judicial de la Federación contaba con 53 mil 160 empleados, de los cuales 3 mil 725 pertenecían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1 mil 830 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y 47 mil 605 al CJF. Para este año, el presupuesto destinado a salarios y prestaciones alcanzó los 59 mil 229 millones 700 mil pesos, representando el 85% del presupuesto total asignado al Poder Judicial.

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Controversia judicial

En paralelo a esta situación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha admitido una controversia constitucional presentada por el Gobierno de Guanajuato contra la reforma al Poder Judicial de la Federación. Este recurso, promovido por el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien deberá decidir su aceptación o rechazo.