Genaro García Luna fue condenado sin ninguna prueba en contra, afirma Ciro Gómez Leyva

Nueva York, Estados Unidos.- El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue condenado este miércoles a más de 38 años de prisión por cargos relacionados con el narcotráfico y falsedad documental. La sentencia fue dictada por el juez Brian Cogan en una corte federal de Nueva York y, además de la pena de prisión, incluye una multa de 2 millones de dólares.

García Luna fue hallado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa durante más de una década, recibiendo sobornos millonarios para proteger las operaciones de la organización criminal.

Durante su mandato como secretario de Seguridad Pública, García Luna era considerado el “superpolicía” y una figura clave en la “guerra contra el narcotráfico” del expresidente Felipe Calderón.

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Sentencia a Genaro García Luna, ¿Cuándo y cómo será?: Esto es todo lo que debes saber

Sin embargo, fue condenado a cumplir 460 meses de prisión por los cargos de narcotráfico y seis meses adicionales por falsedad documental, que se cumplirán de manera simultánea. A pesar de que la fiscalía había solicitado una cadena perpetua, el juez Cogan optó por una pena menor, dejando abierta la posibilidad de que García Luna vea “una luz al final del túnel”.

La defensa del exfuncionario había solicitado una pena de 20 años y se espera que presenten una apelación, lo que podría reducir aún más la condena. Además, a la sentencia se le restarán los cinco años que García Luna ya ha pasado en prisión desde su arresto.

Reacciones mediáticas y políticas

Uno de los periodistas que reaccionó al veredicto fue Ciro Gómez Leyva, quien afirmó que García Luna fue condenado “sin una sola prueba” y basándose únicamente en los testimonios de narcotraficantes.

Gómez Leyva expresó que la sentencia fue resultado de las declaraciones de criminales que García Luna combatió, lo que generó una ola de críticas en redes sociales, donde muchos lo acusaron de minimizar los delitos del exfuncionario y de defenderlo.

En contraste, figuras políticas también respondieron a la condena. El expresidente Felipe Calderón aseguró que, durante su gobierno, nunca tuvo evidencia de que García Luna estuviera involucrado en actividades ilícitas y que las agencias de inteligencia confiaban en él.

Calderón defendió su estrategia contra el crimen organizado y señaló que “quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias”. No obstante, figuras como Xóchitl Gálvez criticaron la falta de acciones legales en el pasado y recordaron episodios de abusos de derechos humanos durante la gestión de García Luna.

Testimonios clave y acusaciones

El juicio de García Luna atrajo la atención internacional, ya que diversas figuras prominentes del Cártel de Sinaloa, como Jesús “Rey” Zambada y Sergio Villarreal “El Grande”, testificaron en su contra.

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Afirmaron haber sobornado al exsecretario a cambio de protección gubernamental, permitiendo que la organización criminal operara sin interferencias. Estos testimonios fueron fundamentales para la condena.

El juez Cogan, al dictar sentencia, destacó que García Luna llevaba una “doble vida”, ya que, mientras mantenía una imagen pública de funcionario respetuoso de la ley, en realidad colaboraba estrechamente con el cártel.

Comparó su comportamiento con el del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, recordando que, aunque García Luna vestía con elegancia y se presentaba como un servidor público, facilitaba actividades delictivas graves.

Impacto en la política mexicana

La sentencia ha generado un debate en México sobre la responsabilidad de los anteriores gobiernos en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Marko Cortés, líder del Partido Acción Nacional (PAN), solicitó explicaciones a Calderón sobre si estaba al tanto de los nexos de García Luna con el crimen organizado.

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Mientras tanto, Gerardo Fernández Noroña, del partido Morena, celebró la sentencia y recordó que había denunciado las actividades de García Luna desde hacía más de una década.

Con la condena de García Luna, no solo se cierra un capítulo en la lucha contra el narcotráfico, sino que se plantean nuevas preguntas sobre el legado de la “guerra contra el narco” en México y el papel que jugaron las instituciones en la protección de figuras clave del crimen organizado.