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Por despojo de rancho y falsificar documentos arrestan a ex funcionario del Registro Público de la Propiedad en Veracruz

Leandro “N” fue aprehendido y acusado de presunto abuso de autoridad.

Por despojo de rancho y falsificar documentos arrestan a ex funcionario del Registro Público de la Propiedad en Veracruz

XALAPA, Veracruz — Un nuevo episodio de corrupción sacude al estado de Veracruz, tras la reciente detención de Leandro “N”, exsubdirector del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías del Gobierno estatal.

El exfuncionario ha sido vinculado a un escándalo que involucra el despojo ilegal de propiedades mediante la falsificación de documentos, un caso que ha generado indignación pública y cuya investigación lleva casi dos años en marcha.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz ha imputado a Leandro “N” por el presunto delito de abuso de autoridad, afectando directamente al servicio público que debía proteger.

Detienen a ex funcionario de Veracruz por despojo de rancho

Durante su audiencia, un juez de control dictó como medida cautelar que el exfuncionario deberá presentarse periódicamente a firmar y cumplir con una garantía económica, dentro del proceso penal número 481/2024. Aunque la detención es un paso clave en este proceso, el alcance del caso revela implicaciones más amplias y profundas en el ámbito político y judicial del estado.

Este caso comenzó a llamar la atención pública hace aproximadamente dos años, cuando varias personas denunciaron que habían sido despojadas de sus propiedades a través de manipulaciones realizadas desde la misma Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías. Los afectados, en diversas cartas abiertas, señalaron cómo sus tierras y propiedades fueron ilegalmente transferidas a terceros utilizando documentación falsificada.

Uno de los casos más emblemáticos que ha desatado este escándalo involucra un rancho de 24 hectáreas ubicado en la comunidad de El Pando, dentro del municipio de Puente Nacional. Los denunciantes sostienen que el rancho fue adjudicado ilegalmente a un hombre identificado como Alejandro Montiel Díaz, mediante contratos privados y alteraciones fraudulentas en los registros catastrales.

Entre los principales señalados en estas denuncias figura no solo Leandro “N”, ahora detenido, sino también David “N”, exrepresentante de Morena ante órganos electorales, exdirector del Registro Público de la Propiedad y actual comisionado presidente del Instituto de Transparencia de Veracruz.

Así habría falsificado documentos para despojar propiedades

Lo preocupante de este caso es que no se limita a un solo despojo de tierras. Las víctimas, en sus denuncias dirigidas incluso al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, alertaron que existían varios casos similares en otros municipios de Veracruz, incluyendo Actopan, La Antigua y Alto Lucero.

En todos estos casos, las propiedades habrían sido arrebatadas mediante un esquema similar de falsificación de documentos y la utilización de personas armadas para ocupar las tierras despojadas.

Los afectados aseguran que temen por sus vidas, ya que los invasores han mostrado actitudes intimidantes, generando un clima de inseguridad en torno a este conflicto. Esta situación ha encendido las alarmas sobre la presencia de redes de corrupción profundamente enraizadas en diversas instituciones públicas del estado, lo que ha motivado a las autoridades a intensificar la investigación.

La detención de Leandro “N” marca un punto de inflexión en este caso de corrupción, pero aún quedan muchas preguntas sin resolver. ¿Hasta qué punto llega la red de complicidad en este despojo de tierras? ¿Qué papel juegan otros funcionarios dentro de estas acciones fraudulentas?

La Fiscalía continúa con sus investigaciones, y se espera que nuevos avances en el proceso judicial profundicen sobre el escándalo.

A nivel social, la indignación sigue creciendo, y la presión para que se haga justicia no cesa. Las comunidades afectadas, con el apoyo de activistas y líderes locales, continúan exigiendo que los responsables rindan cuentas y que las propiedades sean devueltas a sus legítimos dueños.

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