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Luz verde al INE para continuar con la organización de la elección judicial: TEPJF

El magistrado Felipe de la Mata propuso que el Instituto Nacional Electoral (INE) continúe con la organización de la elección de consejeros del Poder Judicial, a pesar de los fallos judiciales que ordenan suspender el proceso.

Luz verde al INE para continuar con la organización de la elección judicial: TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO.-El magistrado Felipe de la Mata ha propuesto permitir al Instituto Nacional Electoral (INE) seguir con la organización de la elección de consejeros del Poder Judicial. Esto surge en respuesta a varios fallos emitidos por jueces que instruyen al INE a suspender dicho proceso, lo cual ha generado controversias entre distintas instituciones.

El magistrado Felipe de la Mata presentó un proyecto en el que, si bien no se pronuncia sobre la legalidad de las suspensiones ordenadas por los jueces, considera inviable exigir que el INE detenga sus actividades. En su documento, el magistrado argumenta que no es competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revisar la validez o eficacia de las resoluciones de suspensión emitidas por los jueces de amparo, pero sí plantea que detener los procedimientos electorales del INE sería inconstitucional.

Claudia Sheinbaum ha defendido su reforma judicial, destacando que busca erradicar la corrupción en el Poder Judicial, y advirtió a los jueces que deben respetar las leyes.

Este proyecto cobra relevancia luego de que, el pasado 16 de octubre, se informara que los consejeros del INE acordaron no avanzar oficialmente en la organización de la elección judicial hasta que el Tribunal Electoral resuelva si deben acatar las órdenes de los jueces. Sin embargo, las áreas técnicas del INE y algunos equipos dentro de las consejerías continuarán trabajando en propuestas preliminares para definir la geografía electoral y analizar la convocatoria emitida por el Senado, aunque estas no serán discutidas ni avaladas hasta obtener una respuesta oficial.

El 4 de octubre, el INE presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral un recurso para obtener protección provisional, solicitando la continuidad de las actividades relacionadas con la organización de la elección judicial. El INE argumenta que los jueces no tienen competencia para intervenir en este proceso, ya que sus mandatos podrían estar invadiendo las atribuciones constitucionales conferidas tanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como al propio Tribunal Electoral. En este sentido, el INE considera que las órdenes judiciales afectan su capacidad para cumplir con su función de organizar elecciones, conforme a lo establecido en la Constitución.

El recurso fue turnado al magistrado Felipe de la Mata, quien ahora propone que el INE continúe con el proceso de elección, pese a las suspensiones judiciales.

Iniciativa de Morena para modificar la Constitución

Paralelamente a este debate, las bancadas de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados han presentado una iniciativa de reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de impedir que las reformas constitucionales sean impugnables a través de amparos o acciones de inconstitucionalidad.

La propuesta establece que no procederán las controversias constitucionales ni las acciones de inconstitucionalidad que busquen impugnar adiciones o reformas a la Constitución, así como cualquier acto deliberativo, legislativo o votación relacionada con dichas reformas. Además, la reforma plantea que las sentencias de amparo solo tendrán efecto sobre las personas que presenten la queja y que, en casos de normas generales, no se dictarán sentencias con efectos generales.

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La intención detrás de esta reforma es limitar los recursos legales que puedan frenar las modificaciones constitucionales impulsadas por el poder legislativo, especialmente aquellas relacionadas con la organización de elecciones. De esta manera, Morena busca consolidar un marco normativo que respalde las decisiones legislativas sin permitir que los tribunales interfieran en los procesos de reforma constitucional o en las resoluciones electorales.

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