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Nancy Juárez: Esto gana al mes la jueza que amenazó con meter a la cárcel a Claudia Sheinbaum

Nancy Juárez Salas, jueza titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, ha sido criticada tras ordenar la eliminación del decreto de reforma judicial publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Nancy Juárez Salas, quien actualmente funge como jueza titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, ha sido foco de atención debido a una orden que emitió recientemente en contra de la reforma judicial, lo que ha provocado un enfrentamiento con la presidenta Claudia Sheinbaum y otras autoridades federales.

De acuerdo con el Manual de Remuneraciones del Poder Judicial de la Federación (PJF), los jueces y juezas de distrito, como es el caso de Juárez Salas, perciben un salario mensual máximo de MXN 139,210. Además de este sueldo base, los jueces tienen derecho a recibir un aguinaldo y una prima vacacional, los cuales pueden alcanzar un total de MXN 261,672 anualmente. A esto se suman otros beneficios, como un pago por riesgo, que puede ascender hasta MXN 424,558, así como otras prestaciones adicionales, según las responsabilidades y riesgos inherentes a su labor, dice el portal Infobae.

Conflicto por la reforma judicial

La jueza Nancy Juárez Salas generó controversia al ordenar la eliminación del decreto de reforma judicial que había sido publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de septiembre de 2024. Este decreto forma parte de las reformas impulsadas por el gobierno federal, y según Juárez Salas, la publicación del mismo fue realizada en violación a una suspensión provisional que había dictado previamente. En dicho amparo (823/2024), la jueza ordenó al Gobierno federal abstenerse de publicar la reforma hasta que se resolvieran las impugnaciones legales presentadas.

La sentencia de la jueza estableció que tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el director del DOF, Alejandro López González, debían retirar la publicación del decreto en un plazo de 24 horas. De no cumplir con esta orden, la jueza advirtió que se remitiría el caso al Ministerio Público de la Federación, lo que podría derivar en sanciones severas, incluyendo penas de prisión, inhabilitación y multas para los funcionarios involucrados, según lo estipulado en la Ley de Amparo.

Reacciones del gobierno

La resolución de la jueza provocó una fuerte respuesta del gobierno federal. Durante una conferencia matutina, Ernestina Godoy, Consejera Jurídica de la Presidencia, anunció que se presentaría una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de Juárez Salas, argumentando que la jueza había excedido sus atribuciones al interferir en un proceso de reforma constitucional. Godoy sostuvo que la jueza estaba intentando situarse por encima de la soberanía del pueblo y del poder legislativo, y que su actuación contravenía la Constitución y las jurisprudencias del Poder Judicial.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum reforzó estas críticas, afirmando que la jueza no tiene la autoridad para ordenar la eliminación de la reforma del DOF, ya que se trata de un acto que deriva de un proceso legislativo y constitucional legítimo. Sheinbaum también subrayó que el decreto había sido publicado bajo el mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que no se revertiría su publicación.

El exministro Arturo Zaldívar también se sumó al debate, señalando que las suspensiones otorgadas por jueces en estos casos no son procedentes, ya que el amparo no aplica contra reformas constitucionales ni procesos legislativos, y que el acto de publicación en el DOF es irreversible, un hecho ya consumado. Según Zaldívar, la orden de Juárez Salas representa una infracción a las normas jurídicas y constitucionales vigentes.

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