Aprueban Supremacía Constitucional con aval de 23 estados, diputados blindan reformas

La Cámara de Diputados ha aprobado una relevante reforma en materia de Supremacía Constitucional. La votación resultó en un total de 23 votos favorables procedentes de las legislaturas de diversos estados de la República, incluyendo:

• Baja California
• Baja California Sur
• Campeche
• Chiapas
• Colima
• Durango
• Guerrero
• Hidalgo
• Estado de México
• Morelos
• Nayarit
• Oaxaca
• Puebla
• Quintana Roo
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Sonora
• Tabasco
• Tamaulipas
• Tlaxcala
• Yucatán
• Zacatecas
• Ciudad de México

Esta histórica sesión semipresencial, con 251 diputados presentes —justo el mínimo necesario para alcanzar quórum—, se desarrolló en un tiempo récord de 14 minutos. En medio de este acto, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, resaltó la magnitud de la reforma, describiéndola como “la reforma más profunda en 200 años de la vida del país”.

En su declaración, Monreal señaló la valentía de esta medida:

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Nadie había reformado de manera tan profunda al sistema de justicia, nadie se atrevió y nadie tenía la mayoría calificada que el pueblo nos concedió”. Asimismo, se dirigió a las preocupaciones de quienes veían en la reforma una amenaza al juicio de amparo o a otros instrumentos de defensa constitucional, afirmando que “es falso” que se eliminen tales derechos. Aseguró: “Esas instituciones quedan incólumes, intocadas, lo que hicimos y ahora concluimos con esta declaratoria, es refrendar que el poder reformador de la Constitución no tiene límites en su actuación, no puede ningún juez, ni jueza, ni ministro, ni magistrado, anular una norma jurídica del órgano reformador de la constitución, no le es válido, no tiene competencia, no tiene facultades ni funciones para hacerlo”.

Además, Monreal aclaró que la reforma se originó en respuesta a lo que consideró un abuso por parte de algunos jueces. Explicó que recientemente ciertos jueces de distrito han otorgado suspensiones y aceptado amparos contra reformas constitucionales, lo cual calificó como un acto “ilegal” y “anticonstitucional”.

Expresó que “Frente al abuso de la toga, la ley, frente al abuso de magistrados y ministros, la Constitución”, y aseguró que este proceso se había llevado a cabo de forma institucional, pacífica y conforme al procedimiento estipulado en la Constitución.

Finalmente, se acordó que la declaratoria sería enviada de inmediato a la Cámara de Senadores, concluyendo así esta sesión que podría marcar un nuevo rumbo en el sistema de justicia mexicano.