FGR va por jueces que otorgaron suspensiones contra Reforma Judicial: ¿Hubo abuso de autoridad? Inician investigaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una serie de investigaciones penales contra jueces y magistrados que otorgaron suspensiones a la reforma judicial, considerando estas acciones como posibles delitos de abuso de autoridad. Esta medida surge tras denuncias formales presentadas por el Poder Legislativo y el Ejecutivo, lo que ha desatado inquietud en el sistema judicial.

Fuentes judiciales revelaron al diario El Universal que la FGR ha solicitado copias de los expedientes de las suspensiones otorgadas a los jueces involucrados, notificándoles mediante correos electrónicos sobre la investigación que enfrentan. Según estas fuentes, las investigaciones buscan presionar a aquellos jueces que no alinean sus decisiones con los criterios del actual sistema de justicia.

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Estrategias de presión y su impacto en la independencia judicial

Los jueces afectados consideran que estas acciones representan un intento de intimidación, apuntando a que en gobiernos autoritarios y autocráticos suelen emplearse medidas similares para coaccionar a los impartidores de justicia. En este caso, aseguran que la FGR está utilizando la vía penal y administrativa para presionar a los jueces y magistrados que dieron suspensiones a la reforma.

Las fuentes también mencionaron que, debido al fuero orgánico de los jueces, para proceder con una consignación penal es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) los desafuere. De lo contrario, las investigaciones podrían abrir carpetas de investigación, pero no llevarlas ante un juez penal sin la eliminación previa del fuero.

Quejas administrativas y posible intervención de la ONU

Además de las carpetas penales, los jueces enfrentan quejas administrativas disciplinarias interpuestas ante el CJF a través de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas. Este proceso podría derivar en un procedimiento disciplinario que, de comprobarse una falta grave, podría conllevar sanciones como la destitución del cargo.

Los jueces han solicitado medidas cautelares ante Relatorías de Naciones Unidas para proteger su independencia judicial y evitar lo que califican como una persecución por parte del Estado. En la conferencia de prensa matutina del 18 de octubre, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, mencionó que el gobierno federal planea presentar denuncias contra jueces que otorgaron amparos en contra de la reforma.

Posible cambio en el CJF en 2025: un escenario preocupante

Fuentes judiciales también expresaron que el contexto podría agravarse en 2025, cuando se renueve el CJF y entre el nuevo Tribunal de Disciplina. Esta renovación en el consejo podría influir en la postura hacia los jueces que otorgaron suspensiones, marcando el inicio de una persecución política a aquellos que han actuado de acuerdo con sus principios y no con la línea establecida por el sistema.

Se calcula que, hasta el momento, existen alrededor de 170 suspensiones relacionadas con la reforma judicial, involucrando a un aproximado de 20 a 30 jueces.

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