Otorgar suspensiones es obligación de los jueces, según magistrado Torres Ángel; “no es delito para abrir una carpeta de investigación”

En medio de una creciente tensión entre el poder judicial y la Fiscalía General de la República (FGR), el magistrado José Manuel Torres Ángel declaró que otorgar suspensiones es una responsabilidad inherente de los juzgadores en México, afirmando que este acto no constituye un delito.

Conceder las suspensiones no es un delito por el que tenga que aperturarse una carpeta de investigación”

—  afirmó Torres Ángel en conferencia de prensa

Defendiendo la autonomía judicial en su función de impartición de justicia.

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La Corte y su papel para evitar una crisis constitucional

Mientras tanto, la magistrada Edna Hernández Granados expresó su preocupación por las implicaciones de estas investigaciones y la importancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su esfuerzo por resolver el conflicto jurídico. Hernández Granados explicó que los ministros de la Corte están revisando las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la reforma judicial impulsada recientemente. La SCJN, mencionó, se encuentra en proceso de evaluar si las impugnaciones realizadas por partidos políticos minoritarios son constitucionales o no.

La Corte va a resolver si lo que están alegando en esas acciones de inconstitucionalidad es constitucional o no”

—  explicó Hernández Granados

El cuestionamiento aquí es quién rompe el orden constitucional; no es la ministra presidenta, ni los ministros que resuelvan, porque están competentemente en la función de realizarlo”

—  concluyó

Obligación de los jueces y magistrados en conceder suspensiones

Torres Ángel resaltó que la emisión de suspensiones, ya sea solicitada o emitida de oficio, es parte del deber de los jueces y magistrados, quienes actúan en apego al principio de legalidad. Esto se da en respuesta a la decisión de la FGR de investigar a algunos miembros del poder judicial por conceder suspensiones que contrarían la reforma judicial.

De hecho es una obligación de los jueces pronunciarse, ya sea porque se lo soliciten o porque en muchos de los distintos casos les resulta obligatorio pronunciarse de manera oficiosa”

—  comentó el magistrado

Reafirmando que esta actuación es parte esencial de su mandato como impartidores de justicia.

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Costos elevados en la elección de juzgadores

En este contexto, la magistrada María del Carmen García González informó que la elección de nuevas personas juzgadoras en el 2025 tendrá un costo considerable, alcanzando los 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos. De acuerdo con García González, este monto superará al presupuesto asignado para las recientes elecciones presidenciales y legislativas, lo que genera cuestionamientos sobre el gasto público.

La magistrada añadió que estos recursos podrían ser destinados a áreas prioritarias como la educación y la salud, sectores que a menudo requieren mayor apoyo presupuestal.

Con información de: El Universal