¿Qué consecuencias podría traer la desestimación de inconstitucionalidad de la Reforma Judicial?

MÉXICO.- Este 5 de noviembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por partidos de oposición en contra de la reforma al Poder Judicial.

A pesar de las críticas y los llamados a invalidar los cambios constitucionales, la Corte determinó que no se alcanzaron los votos necesarios para anular la reforma, lo que implica que continuará adelante. Con esta decisión, los efectos de la reforma al Poder Judicial podrían generar repercusiones importantes para la estructura judicial del país y su relación con los otros poderes del Estado.

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Elección popular de jueces: ¿un riesgo para la imparcialidad?

Uno de los puntos más controversiales de la reforma es la propuesta para que los jueces y magistrados, incluidos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sean elegidos por voto popular. Bajo el modelo actual, los miembros del Poder Judicial son nombrados por el presidente de la República y ratificados por el Senado. Sin embargo, con esta reforma, el Ejecutivo plantea que miles de cargos judiciales sean sometidos a elecciones populares, una medida que se extiende no solo a los jueces federales, sino también a los jueces locales.

Aunque el gobierno promueve esta reforma como un paso hacia la democratización del sistema judicial, muchos críticos alertan que la elección popular podría politizar la justicia. Los jueces, al estar sujetos a las elecciones, podrían verse presionados a tomar decisiones que favorezcan a ciertos partidos o grupos políticos para asegurar su reelección. Esto podría comprometer su imparcialidad, ya que los jueces deberían actuar conforme a la ley y no a intereses políticos o populares.

La reducción de ministros en la SCJN: menos independencia, más influencia política

Otro aspecto clave de la reforma es la reducción del número de ministros de la SCJN, que pasaría de 11 a 9. Además, la reforma establece un periodo de 12 años para los ministros, en lugar de los 15 actuales.

La disminución de la cantidad de ministros podría generar una mayor polarización en las decisiones del tribunal, al reducir la diversidad de opiniones dentro de la Corte. Además, con un período de mandato más corto, los ministros podrían sentirse más vulnerables a presiones externas y, en especial, a las del Ejecutivo, lo que podría afectar la autonomía de la Corte. Un tribunal más pequeño y con mandatos más breves podría ser menos efectivo a la hora de tomar decisiones imparciales y de largo plazo, lo que podría debilitar su capacidad de actuar como contrapeso frente al poder del gobierno.

El Tribunal de Disciplina Judicial: ¿una herramienta de control?

La reforma también propone la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de investigar y sancionar a los jueces y magistrados que no cumplan con los estándares éticos y legales establecidos. Este tribunal sería el encargado de evaluar la conducta de los miembros del Poder Judicial y podría imponer sanciones en caso de incumplimiento.

Aunque la creación de este tribunal tiene como objetivo mejorar la transparencia y la ética dentro del sistema judicial, la concentración de poder en manos de este nuevo tribunal podría ser utilizada de manera política para presionar a jueces y magistrados. Si el gobierno o ciertos grupos políticos controlan la institución, podría haber un riesgo de que los jueces se autocensuren o tomen decisiones que favorezcan a los intereses del Ejecutivo, por temor a ser sancionados o investigados por el nuevo tribunal. Esto podría generar un clima de inseguridad jurídica y desconfianza en la independencia del sistema judicial.

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Pérdida de confianza en el sistema judicial

Con la validación de esta reforma, el sistema judicial mexicano podría enfrentar un deterioro en la confianza pública. La propuesta de someter a los jueces y magistrados a elecciones populares, junto con la creación de un tribunal disciplinario con amplios poderes, podría ser percibida por la ciudadanía como un intento de politizar aún más el Poder Judicial.

La independencia judicial es un pilar fundamental en cualquier democracia, pues garantiza que las decisiones judiciales se tomen con base en la ley y no en intereses ajenos. Si los ciudadanos perciben que los jueces están siendo influenciados por presiones políticas o por el Ejecutivo, podrían deslegitimar las decisiones judiciales, afectando la confianza en el sistema judicial y, por ende, en el Estado de Derecho.

Mayor control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial

Un cambio importante en la reforma es la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano encargado de la administración interna del Poder Judicial, por un nuevo modelo. Si bien se busca mejorar la eficiencia y la transparencia, la reforma también plantea que este nuevo consejo podría tener más vínculos con el Ejecutivo.

Si el nuevo consejo tiene una mayor influencia del Ejecutivo, podría haber una concentración de poder en manos del gobierno, lo que afectaría la autonomía del Poder Judicial. Esta medida podría hacer que las decisiones judiciales estén más alineadas con los intereses del presidente en turno, lo que generaría preocupaciones sobre la imparcialidad del sistema judicial y podría afectar su función de contrapeso ante el poder ejecutivo.

Limitación de los efectos de las suspensiones de amparo

La reforma también propone una limitación en los efectos generales de las suspensiones de amparo, las cuales actualmente pueden suspender la aplicación de actos de autoridad que violen derechos fundamentales.

Limitar estos efectos podría afectar la capacidad del sistema judicial para frenar la violación de derechos humanos de manera efectiva. En casos donde el gobierno tome decisiones que afecten a gran parte de la población, la reforma podría dificultar que el Poder Judicial intervenga de manera oportuna, lo que podría dejar a los ciudadanos sin protección en situaciones de violación de sus derechos fundamentales.

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