México defiende la reforma al Poder Judicial ante la CIDH: “Había mucha corrupción"

CIUDAD DE MÉXICO.-La reforma al Poder Judicial mexicano ha generado un debate nacional e internacional. En una reciente audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, el gobierno mexicano defendió la necesidad y legitimidad de las modificaciones constitucionales aprobadas, argumentando que estas reformas buscan recobrar la confianza ciudadana en el sistema judicial.

Posición del Estado mexicano

En representación del gobierno, José Antonio Montero Solano, director de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, afirmó que la reforma judicial era necesaria para corregir fallas estructurales en el sistema judicial. Montero señaló que algunos jueces en México han fallado en su deber de impartir justicia, liberando a delincuentes peligrosos, narcotraficantes, y emitiendo sentencias sin perspectiva de género. También destacó casos de despojo de tierras a pueblos indígenas y el problema del nepotismo tanto a nivel federal como estatal.

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Montero defendió la reforma como un “gran paso en democratización” y subrayó cinco puntos clave: la independencia judicial, la gradualidad de la reforma, el respeto a los derechos laborales de los trabajadores judiciales, los nuevos requisitos de elegibilidad para jueces, y los métodos de elección de magistrados para los años 2025 y 2027.

Por su parte, Luz Elena Baños Rivas, representante de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), destacó que la reforma tiene como objetivo combatir la corrupción y el nepotismo dentro del sistema judicial y garantizar la transparencia en la actuación de los jueces. Baños aseguró que el proceso legislativo que llevó a la aprobación de la reforma fue conforme a las leyes nacionales, lo que respalda tanto su legalidad como su legitimidad.

Críticas de la CIDH

No obstante, la reforma no ha estado exenta de críticas. Carlos Bernal Pulido, comisionado de la CIDH, cuestionó el proceso rápido con el que se aprobó la reforma, calificándolo como un “ejemplo de manual de abuso constitucional”. Según Bernal, una reforma de tal magnitud debió haber sido objeto de un análisis profundo y no haber sido aprobada en cuestión de horas.

Andrea Pochak, relatora para México de la CIDH, también expresó preocupaciones sobre la reforma, señalando que existe un déficit en el sistema judicial que no solo afecta al poder judicial, sino también a las fiscalías y defensorías públicas. Cuestionó por qué estas instituciones no fueron incluidas en las modificaciones y cómo se garantizará la participación de juristas competentes en la selección de jueces.

Preocupaciones del gremio judicial

Organizaciones como la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) reiteraron sus críticas a la reforma, advirtiendo que representa un riesgo para la independencia judicial. Según Juana Fuentes, presidenta de Jufed, los cambios implican la destitución masiva de jueces y la sustitución del sistema de méritos por la elección de jueces mediante voto popular. Esto, sumado a la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, podría crear un ambiente de incertidumbre en el sistema de justicia.

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Estas organizaciones solicitaron a la CIDH que pida al Estado mexicano un informe detallado sobre la implementación de la reforma y que instale un Mecanismo Especial de Seguimiento para asegurar su correcta aplicación. Además, pidieron una Opinión Consultiva de la Corte Interamericana sobre los estándares en materia de independencia judicial.

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Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Paralelamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha desechado varias controversias constitucionales contra la reforma judicial, presentadas por los estados de Guanajuato y Chihuahua. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá decidió no proceder con las controversias, argumentando su improcedencia.

Este rechazo de controversias se suma a otros casos similares que han sido presentados en diferentes estados del país, lo que refuerza la percepción de que las impugnaciones contra la reforma judicial no están encontrando respaldo legal en la SCJN.