Detienen a siete funcionarios municipales en Edomex por vínculos con el crimen organizado

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la captura de siete altos funcionarios municipales en el Estado de México, en el marco del denominado “Operativo Enjambre”.

La acción coordinada entre autoridades federales y estatales incluyó la movilización de más de 1,500 efectivos en 11 municipios mexiquenses, con órdenes de aprehensión relacionadas con grupos delictivos como la Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Unión Tepito.

Entre los funcionarios detenidos se encuentran María Elena “N”, presidenta municipal de Amanalco, y Armando “N”, director de la policía de esa localidad. En otros puntos, fueron capturados el director de Seguridad de Tejupilco, Eraclio “N”; Rodolfo “N” y Roberto “N”, ambos pertenecientes a la dirección de seguridad de Ixtapaluca; y Omar “N”, subdirector operativo de Seguridad en Naucalpan. En Tonatico, fue arrestado al director del DIF municipal, esposo de la alcaldesa, sobre quien también pesa una orden de captura.

Operativo

El operativo, resultado de semanas de trabajos de inteligencia entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y autoridades federales, también incluyó acciones en Valle de Bravo, Chicoloapan y Jilotzingo, aunque en algunos casos no se localizó a los objetivos.

La magnitud de las investigaciones destaca la supuesta protección brindada por los funcionarios a grupos criminales, facilitando sus operaciones en la región.

Uno de los eventos más trágicos del operativo ocurrió en Texcaltitlán, donde Isidro Cortés Jiménez, director de Seguridad Pública, al ser notificado de la orden de captura en su contra, se disparó con su arma de carga, falleciendo al instante. Este incidente subraya la tensión y gravedad de los casos que se están investigando en el estado.

El titular de la SSPC federal, Omar García Harfuch, confirmó las detenciones y destacó la colaboración entre la Fiscalía mexiquense y las fuerzas federales para desarticular los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.

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Las autoridades estatales han sugerido que los nuevos alcaldes deleguen la elección de los directores de seguridad municipal al gobierno estatal, buscando mayor control y transparencia para combatir la infiltración criminal en las instituciones locales.