Reforma Judicial: Sheinbaum presenta paquete de leyes para reestructurar el Poder Judicial
Este esquema pretende garantizar la transparencia en el manejo de los recursos, aunque ha generado preocupaciones sobre la autonomía financiera del Poder Judicial.
México.- El paquete de leyes secundarias de la Reforma Judicial, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, busca introducir cambios significativos en la estructura y operación del Poder Judicial de la Federación.
Entre las propuestas más relevantes se encuentra la creación de un Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, que centralizaría los recursos y financieros administrativos del Poder Judicial, eliminando fideicomisos adicionales y concentrando los fondos bajo la administración del Órgano de Administración Judicial.
Este esquema pretende garantizar la transparencia en el manejo de los recursos, aunque ha generado preocupaciones sobre la autonomía financiera del Poder Judicial.
El nuevo fondo se financiará con el presupuesto federal asignado al Poder Judicial, ingresos por la enajenación de bienes decomisados y aportaciones de terceros. Sus objetivos incluyen la compra y remodelación de inmuebles, adquisición de mobiliario y equipo, así como la capacitación del personal judicial.
Además, la reforma propone expedir dos nuevas leyes: la Ley de Carrera Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, junto con modificaciones a la Ley General de Responsabilidad Administrativa.
Entre los cambios más destacados está la creación de Tribunales de Disciplina Judicial, encargados de investigar y sancionar faltas graves de jueces y magistrados. Las sanciones podrían incluir inhabilitaciones prolongadas y multas significativas.
También se ampliarán las obligaciones patrimoniales de los funcionarios judiciales, quienes deberán declarar no solo sus bienes, sino también los de sus parejas o convivientes, con el objetivo de reforzar la rendición de cuentas.
Prioridad
La Ley Orgánica del Poder Judicial contempla la centralización de casos prioritarios, como los relacionados con violaciones a derechos humanos, que serán asignados a tribunales específicos bajo la supervisión del Órgano de Administración Judicial.
Por otro lado, la reestructuración de la Carrera Judicial plantea procesos más estrictos para los concursos de oposición, un registro único de servidores públicos para prevenir conflictos de intereses y la capacitación obligatoria en perspectiva de género como requisito para ascensos y nombramientos.
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Estas reformas no requieren cambios constitucionales y podrían aprobarse con una mayoría simple en el Senado, que discutirá las propuestas en los próximos días.
Sin embargo, las medidas han generado un debate intenso, ya que mientras se presentan como esfuerzos para mejorar la transparencia y eficiencia, también plantean dudas sobre el impacto en la independencia del Poder Judicial.
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