Avanzan casos contra el gobierno de México, minera y Oceanografía involucrados; esto se sabe
Dos arbitrajes en contra México proceden en instancias internacionales.
Dos tribunales arbitrales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID) han dictaminado que avanzarán dos casos presentados contra el gobierno de México, relacionados con disputas de inversión.
Caso de Minera Coeur y reclamo por IVA
El primero involucra a Coeur Mining, una minera que exige 45 millones de dólares por devoluciones de IVA que asegura le fueron injustamente retenidas.
La empresa argumenta que México violó disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que las autoridades fiscales negaron la devolución de IVA derivado de actividades de extracción de oro y plata en minas ubicadas en Chihuahua y Durango. Además, señala que las decisiones de tribunales mexicanos en su contra contribuyeron a esta situación.
En respuesta, Coeur ha solicitado al gobierno mexicano más transparencia respecto a los documentos de negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el apartado de arbitraje minero, para clarificar los alcances del capítulo de inversiones.
Dos de los tres árbitros encargados de revisar el caso concluyeron que México debe proporcionar mayor información sobre los procesos de búsqueda, recopilación y producción de dichos documentos, con el objetivo de evaluar si se cumplieron las obligaciones administrativas estipuladas en el tratado.
Las embarcaciones arrendadas por Oceanografía
El segundo caso lo presentó Terence Highlands, fundador de Shanara Maritime International y Marfield, dueñas de los barcos Caballo Marango y Caballo Maya.
Estas embarcaciones fueron arrendadas a Oceanografía, un contratista clave de Pemex que enfrentó investigaciones judiciales. Sin embargo, los barcos permanecieron inmovilizados durante años, a pesar de que no pertenecían a Oceanografía, sino a las empresas de Highlands.
Tras años de estancamiento, el panel arbitral determinó que este caso debe avanzar, descartando la posibilidad de que continúe “en el limbo”. La decisión representa un paso crucial para llevar las disputas a una etapa de resolución.
Ambos casos subrayan las tensiones entre inversionistas internacionales y el gobierno mexicano, poniendo en foco los mecanismos de arbitraje previstos en los tratados internacionales para proteger los derechos de inversión.
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