Nueva fiscalía contra extorsión se creará en México

México.- El Congreso de la Ciudad de México aprobó la creación de una Fiscalía Especializada en el Delito de Extorsión, como parte de una reforma al Código Penal destinada a fortalecer la investigación y soportar las sanciones para este delito, considerado una “epidemia” que afecta la economía, según legisladores de Morena.

Denuncias y persecución de oficio

La ciudadanía podrá denunciar actos de extorsión, incluyendo cobros indebidos como el esquema “gota a gota” o los montachoques, a través de la línea telefónica 55 5036 3301. Con la reforma, estos delitos ahora serán perseguidos de oficio, lo que significa que la fiscalía local estará obligada a investigarlos incluso sin una denuncia formal.

Aumento en las penas y multas

Las penas por extorsión y cobros indebidos aumentarán a entre 10 y 15 años de prisión y una multa de entre 217 mil 140 y 325 mil 710 pesos. Además, los implicados no podrán obtener libertad bajo fianza.

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Estas penas se duplicarán en casos específicos, como cuando el delito sea cometido por servidores públicos, ex miembros de cuerpos de seguridad privada, o mediante medios electrónicos como llamadas telefónicas o mensajes digitales.

Las penas también serán mayores si la extorsión incluye contenido sexual íntimo, es realizada por miembros de organizaciones delictivas, ocurre en centros penitenciarios, o afecta a sectores vulnerables como menores de edad, personas mayores de 60 años, comerciantes y transportistas. Del mismo modo, se aumentarán las sanciones si el delito ocasiona daños a bienes o involucra el uso de armas.

Aunque la oposición votó a favor de la reforma, cuestionó si el endurecimiento de las penas por sí solo será suficiente para disminuir el delito. Los legisladores opositores señalan la necesidad de generar mecanismos legislativos adicionales que brinden mayor protección a la ciudadanía.

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Por su parte, la diputada Martha Ávila defendió la reforma, argumentando que soportar las penas contra la extorsión es impostergable y subrayó que los servidores públicos deben ser los primeros en respetar la ley y contribuir al bien común. Recalcó que no es razonable oponerse a medidas que buscan combatir un delito tan perjudicial para la sociedad.