Reforma al Infonavit: ¿Qué cambios aprobó el Senado, pero los sindicatos advirtieron “desequilibraría” al gobierno?

El Senado de la República aprobó el pasado viernes 13 de diciembre una reforma clave a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), con 68 votos a favor y 29 en contra.

Esta reforma promete importantes modificaciones, tanto en la administración interna del Infonavit como en su estructura operativa, pero también desató la oposición de varios sindicatos, que advierten que estas modificaciones podrían desestabilizar el equilibrio entre los sectores de gobierno, trabajadores y empresarios.

Cambios claves en la reforma

La iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo incluye modificaciones sustanciales en los órganos de vigilancia y control interno del Infonavit. Se propone, por ejemplo, la eliminación de las direcciones sectoriales que representaban a los trabajadores y a los empresarios, reemplazándolas por un sistema más centralizado bajo la supervisión del gobierno federal.

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De acuerdo con el dictamen aprobado, en los órganos del Infonavit, como la Asamblea General y el Consejo de Administración, se reducirían los representantes de trabajadores y empresarios, quedando el gobierno con la mayoría. En concreto, el Comité de Vigilancia pasaría de tener un 33% de representación de cada sector a solo un 20% para trabajadores y empresarios, mientras que el gobierno se quedaría con el 60%.

El gobierno también ha propuesto la creación de una empresa constructora filial del Infonavit, que no sería considerada una entidad paraestatal. Esta medida, según el dictamen, facilitaría la construcción de viviendas bajo un esquema de arrendamiento o compra directa para los trabajadores.

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Los sindicatos se oponen

La reforma ha generado un fuerte rechazo entre los sindicatos mexicanos, quienes consideran que se vulnera el principio de tripartismo que ha gobernado al Infonavit desde su creación. En un desplegado conjunto firmado por 23 organizaciones sindicales, incluyendo la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y el Congreso del Trabajo, se advierte que la reforma pone en riesgo la fortaleza de los mecanismos de vigilancia y control de las inversiones del instituto.

“Vulnerar o reducir el tripartismo a una presencia testimonial pondría en riesgo, entre otras cosas, la fortaleza de los mecanismos de vigilancia y control de las inversiones“, aseguran los sindicatos, quienes también expresan su preocupación por la concentración del poder en el gobierno federal.

Rodolfo Gerardo González Guzmán, dirigente de la CROM, calificó la reforma como un “albazo” debido a la falta de un diálogo previo con los trabajadores y el hecho de que el proceso no incluyó un Parlamento abierto.

“Es muy preocupante porque el Gobierno no tomó en cuenta a los trabajadores, no se hizo un Parlamento abierto, no hubo una mesa de diálogo, lo pasaron en un solo día”, señaló González Guzmán.

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¿Un golpe a los fondos de los trabajadores?

El senador Manlio Fabio Beltrones también criticó fuertemente la reforma, argumentando que permite al gobierno disponer de manera arbitraria de más de 2 billones de pesos pertenecientes a los trabajadores en sus subcuentas de ahorro. Según Beltrones, esta reforma favorece al gobierno y deja en desventaja a los sectores obreros y empresariales.

Además, se señaló que la creación de la empresa filial del Infonavit podría contribuir a mayor opacidad en las operaciones y decisiones financieras del instituto, lo que aumenta la preocupación sobre el manejo de los recursos de los trabajadores.

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Implicaciones futuras

La reforma a la Ley del Infonavit, aunque aprobada en el Senado, seguirá siendo objeto de debate.

La reforma busca consolidar un esquema más centralizado de decisiones en el instituto y avanzar en los planes del gobierno para la construcción de un millón de viviendas para los trabajadores. Sin embargo, la resistencia sindical podría retrasar o modificar algunos de estos cambios si no se reabre el diálogo social.

Los gremios continúan exigiendo que se garantice la representatividad de todos los sectores en las decisiones clave del Infonavit, para asegurar que las reformas no favorezcan a un solo grupo en detrimento de los demás.