¿El gobierno de México quiere militarizar el país? Esta es la respuesta de la CNDH

México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un nuevo pronunciamiento en defensa de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, argumentando que esta estrategia “responde a un esfuerzo por enfrentar los retos de seguridad del país mediante un modelo de cooperación institucional” y no constituye una militarización o una vulneración sistemática de los derechos humanos.

En un informe publicado este jueves, la CNDH señaló que las críticas a esta estrategia como “militarización” están “descontextualizadas de la realidad nacional” y carecen de fundamento. Según el organismo, la política de seguridad implementada en los últimos seis años representa una ruptura con las estrategias de gobiernos anteriores, las cuales “expusieron a la población a excesos ya las propias Fuerzas Armadas a verso involucradas en eventos desafortunados”.

Resultados positivos y disminución de quejas

De acuerdo con el análisis presentado, la estrategia actual ha mostrado avances significativos en la reducción de delitos como el robo de hidrocarburos, homicidios dolosos, feminicidios, secuestros y robos en general. Además, se destacó una notable disminución en el número de quejas interpuestas ante la CNDH contra las Fuerzas Armadas en comparación con administraciones previas.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), históricamente la institución con más quejas, pasó de 7,808 denuncias en el período 2006-2012 a 2,184 en el período actual, lo que equivale a una reducción del 72%. Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) mostró una disminución del 58% en quejas, de 1,808 entre 2012-2018 a un número significativamente menor en la administración actual.

Reducción de violaciones graves a derechos humanos

El informe destacó una marcada disminución en conductas que vulneran derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal y la dignidad. En administraciones anteriores, las principales violaciones incluían detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes. En contraste, el período actual señala otras problemáticas, como incumplimiento de principios de legalidad, irregularidades en cateos y visitas domiciliarias, y prestación indebida del servicio público.

La CNDH concluyó que esta evolución evidencia “un modelo de seguridad más respetuoso de los derechos humanos” y resaltó que la colaboración entre instituciones civiles y militares ha permitido avanzar hacia la pacificación del país.

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Una política integral para la seguridad.

El organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra insistió en que la actual estrategia de seguridad pública está enfocada en contener fenómenos criminales previamente desbordados y fuera de control. Este modelo, aseguró la CNDH, prioriza una política integral que busca proteger a la población al tiempo que reduce los abusos de autoridad y fortalece la cooperación institucional.

Aunque las cifras reflejan avances, el informe también dejó entrever que persisten retos en materia de derechos humanos que requieren seguimiento continuo. La CNDH reiteró su compromiso de vigilar el desempeño de las instituciones de seguridad pública para garantizar el respeto a los derechos de la ciudadanía.