Alcalde prófugo de Santo Tomás cuenta con denuncias de 2 secuestros, para obligar a la oposición a “bajarse de la elección”

ESTADO DE MÉXICO.- — El alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos, Pedro Luis Hernández de Paz, conocido como “Wicho”, ha sido señalado en dos casos de secuestro relacionados con su estrategia para forzar a la oposición a retirarse de las contiendas electorales.

Las autoridades federales y del Estado de México, entre el 17 y 18 de diciembre, capturaron a 15 personas vinculadas con una red criminal en la que supuestamente estaría involucrado, junto con su esposa María del Rosario Matías Esquivel, alcaldesa saliente.

Un escape en plena toma de protesta

El 17 de diciembre, durante su toma de protesta como alcalde, Pedro Luis Hernández fue rodeado por fuerzas de seguridad que intentaban ejecutarle una orden de aprehensión. Sin embargo, una trifulca entre asistentes y autoridades permitió que “Wicho” huyera del lugar.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México. A pesar de este despliegue, el alcalde escapó con la ayuda de seguidores.

Arrestaron a su familia y funcionarios cercanos

Los arrestos se realizaron en un operativo conjunto liderado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Las autoridades identificaron a los detenidos como miembros de la familia y del cabildo municipal, así como policías municipales, presuntamente responsables de brindar apoyo a ‘Wicho’ durante su escape.

Entre los detenidos destacan:

• Familiares cercanos a Pedro Luis Hernández: padre, madre, hermana y sobrina.
• Miembros del cabildo y funcionarios municipales.
• Policías municipales de Santo Tomás de los Plátanos.

A pesar de la fuga de Pedro Luis Hernández, las investigaciones siguen abiertas. La FGJEM mantiene 11 órdenes de aprehensión pendientes y sigue recolectando evidencia de su vinculación con otros delitos.

La familia Hernández y varios miembros del cabildo continúan siendo investigados por su implicación en esta red criminal.

Los vínculos con el crimen organizado

La FGJEM ha vinculado a Pedro Luis Hernández y a su esposa con el Cártel de la Familia Michoacana, indicando que ambos utilizaban recursos públicos para financiar actividades ilícitas y brindaban protección a los miembros de dicho grupo criminal, particularmente a través de policías municipales.

Además, las autoridades han confirmado que el secuestro de un familiar de una candidata opositora en 2021 fue orquestado por Hernández, quien presionó a la contrincante para que abandonara la contienda electoral.

Secuestró a familiares de candidatos para que se retiraran de contienda electoral

El primer secuestro que se le atribuye ocurrió en 2021, cuando Pedro Luis Hernández habría secuestrado a un familiar de la candidata opositora a la alcaldía, exigiéndole que se retirara de la elección.

Ese mismo año, su esposa María del Rosario Matías logró la reelección con más de dos mil votos a favor.

A principios de 2024, otra acusación de secuestro fue presentada por Teresa Reyes Loza, quien también fue candidata a la alcaldía de Santo Tomás. Reyes Loza denunció que su suegro fue secuestrado por órdenes de “Wicho” Hernández y que ella recibió amenazas para abandonar su candidatura.

Ante estos hechos, Reyes Loza presentó su renuncia y la coalición que la apoyaba no pudo participar en las elecciones.

Operativo Enjambre: desmantelando redes delictivas

El operativo “Enjambre”, lanzado por la FGJEM en noviembre de 2024, fue clave en el desmantelamiento de esta red criminal. A través de esta operación, se lograron arrestos de funcionarios públicos, incluidos alcaldes y policías municipales, quienes supuestamente financiaban actividades ilegales del cártel.

En el proceso se aseguraron armas, dinero y documentos que revelaron la infiltración del crimen organizado en las instituciones locales.

El ministerio público presentó pruebas de que Pedro Luis Hernández utilizaba los recursos municipales para extorsionar a la ciudadanía, imponiendo cuotas a las familias que recibían remesas del extranjero. Además, se documentó que funcionarios del ayuntamiento aplicaban reducciones salariales a quienes se oponían a sus propuestas.