Ajustes presupuestales y reformas locales complican elección de jueces en México
La elección por voto popular de jueces y magistrados fue una iniciativa del exmandatario Andrés Manuel López Obrador.
México.- En 15 estados de México se realizarán elecciones para jueces y magistrados locales el próximo 1 de junio, como parte de las reformas constitucionales aprobadas en septiembre de 2024.
Sin embargo, una revisión entre los presupuestos solicitados y aprobados por los congresos locales revela que en siete entidades los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) recibieron menos recursos de los requeridos, complicando la organización de estos comicios, según detalló El Sol de México.
Estados como Tamaulipas, Aguascalientes, Estado de México, Veracruz, Sonora, Zacatecas y Tabasco sufrieron recortes significativos en sus asignaciones presupuestales, lo que limita sus capacidades operativas para cumplir con la reforma judicial.
Por otro lado, Chihuahua, Durango, Coahuila, Michoacán y Tlaxcala obtuvieron los montos solicitados, mientras que en Ciudad de México y San Luis Potosí, los presupuestos incluso fueron incrementados.
Un cambio estructural histórico
La elección por voto popular de jueces y magistrados fue una iniciativa del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, incluida en la reforma judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de septiembre de 2024. Además de la elección de cargos judiciales, la reforma introduce cambios profundos, como:
- Reducción del número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
- Creación de un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial.
- Implementación de “jueces sin rostro” en casos de crimen organizado.
- Eliminación de fideicomisos del Poder Judicial.
Al tratarse de una reforma constitucional, las 32 entidades federativas deben armonizar sus constituciones y leyes locales antes del 14 de marzo de 2025, según lo establecido en los artículos transitorios del decreto.
Avances desiguales en los estados
Hasta el momento, 16 estados han realizado las adecuaciones necesarias en sus legislaciones. Entre ellos, Aguascalientes, Ciudad de México, Durango, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz están listos para las elecciones de junio.
Por su parte, Campeche homologó su marco legal apenas 14 días después de la publicación del decreto, pero decidió postergar la elección hasta 2027.
Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México y Zacatecas aún no han publicado las reformas en sus respectivos diarios oficiales estatales.
Plazos y tensiones legales
El decreto estipula que los congresos locales tienen un plazo de 180 días naturales para legislar y establecer la ruta hacia la elección de jueces.
“Las entidades federativas tendrán un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a sus constituciones locales”, se lee en el octavo transitorio.
No obstante, este proceso ha enfrentado desafíos. Varios expedientes de inconformidad relacionados con la reforma han sido radicados ante el Pleno de la SCJN, que deberá decidir en las próximas semanas si atiende estos recursos.
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Retos presupuestales y logísticos
Tamaulipas, Aguascalientes, Sonora y Tabasco, entre otros, tendrán recursos limitados para organizar las elecciones, lo que pone en duda su capacidad para garantizar procesos transparentes y efectivos.
El caso de Campeche, gobernado por Layda Sansores, ejemplifica el rápido avance legislativo en algunos estados.
Sin embargo, la decisión de aplazar la elección refleja la complejidad de adaptar el marco legal y operativo a las exigencias de la reforma judicial.
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