Sinaloa deberá pagar 2,200 millones de pesos por auditorías irregulares del sexenio anterior

SINALOA, MÉXICO. — El 13 de enero de 2025, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa calificó como faltas graves las irregularidades cometidas por funcionarios del sexenio anterior, lo que generó un adeudo de 2,200 millones de pesos con el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Este hecho fue dado a conocer por el gobernador Rubén Rocha Moya durante su conferencia semanal, donde detalló que los funcionarios de la administración pasada realizaron auditorías de manera irregular, lo que provocó un conflicto fiscal con consecuencias económicas significativas para el estado.

El impacto de las auditorías irregulares

Según el mandatario estatal, las auditorías realizadas durante el último año de la administración de Quirino Ordaz Coppel contenían inconsistencias que resultaron en la imposición de sanciones económicas por parte del SAT. Estas auditorías fueron calificadas como graves y, en consecuencia, el gobierno de Sinaloa se vio obligado a enfrentar un adeudo de 2,200 millones de pesos, cifra que deberá cubrir entre los años 2025 y 2026.

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La situación se ha vuelto un tema de especial atención en la administración de Rocha Moya, quien aseguró que se están substanciando las faltas administrativas y que el asunto será turnado al Tribunal de Justicia Administrativa para que se emita una resolución. Además, el gobernador aclaró que el pago de esta deuda tendrá que realizarse, aunque actualmente el estado enfrenta dificultades económicas para cubrirla.

Repercusiones en el Convenio de Coordinación Fiscal

El conflicto derivado de las auditorías irregulares no solo ha afectado las finanzas estatales, sino que también ha tenido repercusiones en la relación entre el gobierno de Sinaloa y el gobierno federal. En noviembre de 2023, Rocha Moya explicó que, como consecuencia de los litigios legales, el estado de Sinaloa se encontraba en riesgo de perder el Convenio de Coordinación Fiscal, lo que implicaría una disminución de los ingresos federales destinados al estado.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó las sanciones impuestas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que impide al gobierno estatal realizar actos de fiscalización a contribuyentes federales durante un periodo de entre cuatro y seis meses. Además, el estado no recibirá incentivos fiscales durante este tiempo, lo que afecta aún más su capacidad financiera.

Los errores heredados del sexenio anterior

En un comunicado emitido en 2023, el gobierno de Sinaloa explicó que los litigios en curso son el resultado de decisiones tomadas en la administración anterior. En ese sentido, Rocha Moya subrayó que los errores cometidos en las auditorías a dos empresas prominentes en el estado durante el sexenio de Ordaz Coppel fueron los que motivaron la sanción económica que ahora enfrenta el estado. A pesar de la gravedad de la situación, el mandatario aseguró que buscará que estos problemas no afecten aún más los ingresos derivados del Convenio de Coordinación Fiscal.