Recorte presupuestal obliga al CJF a reducir aportaciones a fondos de trabajadores

MÉXICO. — El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció la reducción del porcentaje que aporta al Seguro de Separación Individualizada (SEGSEI) y al Fondo de Reserva Individualizado (FORI) de sus empleados, como medida para enfrentar el recorte de 13 mil 117.2 millones de pesos al presupuesto de la institución. Este ajuste fue aprobado por la Cámara de Diputados y representa una disminución del 17.1 % respecto al presupuesto proyectado para 2025.

Impacto en los derechos laborales

El Pleno de la Judicatura informó que, a pesar de los recortes, garantizará los salarios y prestaciones de los más de 55 mil trabajadores, incluidos jueces y magistrados. Sin embargo, el porcentaje de aportación al SEGSEI y FORI se limitó al 2 %, reduciendo significativamente el apoyo institucional en comparación con el 10 % que se aportaba anteriormente.

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Esta decisión generó descontento entre los trabajadores, especialmente entre los integrantes de los 32 Circuitos Unidos, quienes calificaron la medida como una violación a sus derechos laborales y al acuerdo establecido en diciembre de 2024. Los empleados demandan al Poder Ejecutivo y al CJF respetar el artículo décimo transitorio de la Reforma Judicial, que protege sus condiciones laborales vigentes hasta 2026.

Gestiones para ampliación presupuestal

En un comunicado emitido el 10 de enero, el CJF confirmó que buscará una ampliación presupuestal para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales. Las gestiones comenzarán esta semana en colaboración con el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación.

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El CJF justificó las medidas como necesarias para garantizar los salarios y prestaciones esenciales de su personal. Además, señaló que el presupuesto aprobado para 2025, de 62 mil 25.5 millones de pesos, está 13.4 % por debajo de los recursos autorizados en 2024 en términos reales, lo que obliga a implementar un estricto control y contención del gasto.

Reacciones del sector laboral

Los trabajadores afectados sostienen que el ajuste afecta no solo sus prestaciones económicas, sino también la confianza en el cumplimiento de acuerdos establecidos. Este conflicto resalta las tensiones entre las necesidades presupuestarias del Poder Judicial y el respeto a los derechos laborales.