Gobierno de El Salvador de Nayib Bukele será revisado en materia de derechos humanos

Estados Unidos.- El Examen Periódico Universal (EPU), llevado a cabo por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, representa un mecanismo crucial para evaluar la situación de los derechos humanos en los Estados miembros.

En este caso, la revisión de El Salvador, que coincide con la primera gestión del presidente Nayib Bukele (2019-2024), pone sobre la mesa varios puntos críticos relacionados con la estabilidad democrática, el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho en el país.

Puntos clave del examen en El Salvador:

• Militarización de la seguridad pública: La implementación de estrategias de seguridad centradas en el despliegue militar ha generado preocupaciones debido a los riesgos de abuso de poder, violaciones a los derechos humanos y una militarización que recuerda a los patrones de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
• Régimen de excepción: Vigente desde marzo de 2022, este régimen ha sido señalado por limitar derechos fundamentales, generar detenciones arbitrarias y provocar incertidumbre en el respeto a la libertad individual.
• Estigmatización de la protesta social: Se ha denunciado la persecución y estigmatización de activistas, defensores de derechos humanos y protestas sociales, lo que podría afectar la libertad de expresión y reunión.
• Saturación del sistema de justicia: La sobrecarga del sistema judicial, combinada con investigaciones débiles, plantea preocupaciones sobre un aumento de las detenciones arbitrarias y la perpetuación de la impunidad.
• Relación con la sociedad civil: Organizaciones como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) esperan que el EPU motivo al Gobierno a abrir canales de diálogo y cooperación con grupos humanitarios para abordar las deudas pendientes en materia de derechos humanos.
• Temas específicos a tratar:
  Medioambiente y derechos sindicales.
  Transparencia y respeto por las organizaciones de la sociedad civil.
  Garantías de seguridad jurídica para los ciudadanos.

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Expectativas del examen:

Organizaciones como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y Fespad buscan que el Gobierno salvadoreño asuma el EPU como una oportunidad para reflexionar y adoptar medidas correctivas. Esto incluye un cambio de perspectiva que fomenta el diálogo con la sociedad civil y permite evaluar los avances y desafíos en derechos humanos.

Impacto en la comunidad internacional:

El EPU no solo evaluará la gestión interna del Gobierno, sino también cómo El Salvador se alinea con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Esto podría influir en las relaciones diplomáticas del país, especialmente en un contexto donde los patrones autoritarios y las violaciones a derechos fundamentales podrían afectar su reputación internacional.