Analista expone los riesgos tras la prohibición de vapeadores en México

CIUDAD DE MÉXICO.- La reciente prohibición de vapeadores en México, publicada en el Diario Oficial de la Federación, ha desatado un intenso debate sobre sus implicaciones sociales y económicas. Alonso Tamez, analista parlamentario, expresó a Azteca Noticias su preocupación por los efectos secundarios de esta medida, señalando que podría favorecer a policías corruptos y al crimen organizado.

Un regalo a los policías corruptos y al crimen organizado

Tamez destacó que el consumo de vapeadores no desaparecerá con la prohibición, sino que será absorbido por el crimen organizado.

“Un gran beneficiado con esta modificación constitucional es el crimen organizado. ¿Por qué? Porque el consumo de vapeadores, con la prohibición, no se elimina, simplemente pasa a la clandestinidad", aseguró.

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“¿Qué pasa? La cadena productiva y la distribución de estos bienes pasan a estar controladas por el crimen organizado. Usualmente, este es quien controla la distribución de bienes en la clandestinidad. Entonces, con la prohibición se elimina de un plumazo a los competidores que podría tener el crimen organizado en esta industria. Además, simplemente se les entrega, de facto, una industria valuada en 5,000 millones de pesos anuales”, afirmó.

El analista también advirtió sobre un posible aumento de la corrupción entre las fuerzas policiales. Las sanciones estipuladas en la ley, que incluyen multas de hasta 180,000 pesos y días de cárcel, podrían ser utilizadas para extorsionar a consumidores y negocios.

“¿Por qué digo que los policías corruptos van a poder hacer su agosto? Porque, si ven a un chavillo fumando un vapeador, lo van a asustar con dos o tres amenazas, como: “Uy, te vas a ir al bote unos días o pagarás hasta 180,000 pesos”. Evidentemente, un chavillo en esa situación verá qué puede sacar del cajero para salir del problema rápido. Entonces, las mordidas podrían dispararse a niveles inusitados, de cierta manera”, explicó Tamez.

El gobierno tiene 180 días para desarrollar leyes secundarias que definan cómo se aplicará la prohibición. Sin embargo, Tamez se mostró escéptico sobre los resultados.

“No me gustaría especular sobre qué podría pasar en materia de leyes secundarias, porque hemos visto que hay instancias donde, hasta en estas, se han contradicho de sus propias leyes constitucionales. Lo que tendría que venir, en esencia, sería un proceso de, por lo menos, hacer coherente este cambio. Es decir, que se pueda llevar a cabo. Porque también estamos cayendo en un proceso de demagogia”, detalló.

Tamez también destacó el riesgo de que esta medida quede como una iniciativa demagógica y difícil de aplicar a gran escala.

“Las autoridades probablemente saben que esto no se podrá ejecutar a gran escala: muchas personas vapeando y pasando noches en la cárcel o enfrentando multas de 180,000 pesos no es tan viable, incluso administrativamente hablando. Entonces, ¿vamos a llenar nuestras cárceles de personas que vapean? ¿En serio ese es el problema de seguridad en este país? Evidentemente, no", gregó.

Creo que el oficialismo sabe que esto es más demagogia que una medida real."

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