PRI en Colima enfrenta embargo tras despidos injustificados durante pandemia de COVID

La dirigencia estatal del PRI enfrenta una sentencia derivada de una demanda interpuesta por 11 trabajadores despedidos en 2021, en plena pandemia de Covid-19.

El fallo condena al partido a pagar más de tres millones de pesos, lo que ha llevado a las autoridades locales a iniciar un proceso de embargo sobre sus propiedades.

El despido de los empleados, considerado injustificado, ocurrió en septiembre de 2021, cuando Arnoldo Ochoa González, entonces presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, cesó a los trabajadores tras la derrota electoral en la que el partido perdió la gubernatura frente a Morena, marcando un hecho histórico.

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Se ha comenzado un proceso de embargo de las propiedades del partido

La dirigencia se ha negado a cumplir las obligaciones dictadas por Conciliación y Arbitraje

Posteriormente, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo favorable a los afectados, ordenando el pago de salarios caídos, prestaciones, bonos y aguinaldos.

Sin embargo, la dirigencia estatal se ha negado a cumplir con estas obligaciones. Cabe mencionar que uno de los ex trabajadores ya falleció.

El PRI estatal posee varias propiedades, entre ellas sus oficinas centrales en la avenida 20 de Noviembre número 402, en la colonia Los Viveros de la capital del estado, así como un edificio en la avenida Enrique Corona Morfín número 2, que alberga la dirigencia municipal en Villa de Álvarez.

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Además, cuenta con una construcción inconclusa en la Calzada Galván de la capital, destinada a ser la nueva sede de la dirigencia estatal, pero que quedó abandonada tras malos manejos financieros en 2018.