FGR va contra jueces que frenan reforma judicial, esto se sabe

La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado investigaciones contra dos jueces que emitieron suspensiones con el fin de detener la implementación de la reforma judicial.

Las carpetas de investigación, abiertas por delitos contra la administración de justicia, surgen luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidiera, por mayoría, remitir el caso al Ministerio Público.

¿Por qué la FGR investiga a jueces ante reforma judicial?

La decisión se tomó debido a las suspensiones que afectaban la continuidad del proceso electoral en torno a las elecciones judiciales.

En una conferencia de prensa, el juez Primero de Distrito en Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, y la jueza Sexto de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco, María Gabriela Ruíz Márquez, denunciaron públicamente haber sido notificados sobre las investigaciones en su contra. Además, señalaron que la FGR les requirió información para integrar los expedientes respectivos.

El día de ayer tuve conocimiento de que se materializó (la denuncia presentada por el TEPJF) en virtud de que recibí un oficio de la Fiscalía General de la República a través de una agencia de ministerio público con sede en la Ciudad de México en la que se me requiere información de este juicio de amparo, concretamente copias certificadas tanto del cuaderno principal del amparo como del incidental. Entonces pues vemos que esta decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral finalmente está siendo materializada a través de este requerimiento que indica y se precisa ya la existencia de una carpeta de investigación”, explicó el juez Santamaría Chamú.

Dicho juez había emitido, el pasado 7 de enero, una resolución que ordenaba a los tres Comités de Evaluación detener el proceso de evaluación de aspirantes a juzgadores. Sin embargo, solo el Comité Judicial acató la medida, lo que llevó al TEPJF a revocar la suspensión y ordenar la reanudación del proceso electoral.

¿Quiénes son los jueces investigados por la FGR?

Por su parte, la jueza María Gabriela Ruíz Márquez también fue notificada por el Ministerio Público federal sobre la investigación en su contra.

Sé que seré imputada por la condición de un delito contra la administración de justicia que prevé 37 conductas y no sé en cuáles se pretende encuadrar (...) Igualmente me piden documentación similar a lo que refiere el juez en ese asunto y considero que este tipo de actos son tendentes a amedrentarnos, a influir en mi psique de cómo resolver para intimidarnos”, declaró.

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Asimismo, la jueza reveló que el Consejo de la Judicatura Federal inició un procedimiento disciplinario en su contra por la emisión de suspensiones definitivas que afectaban el proceso legislativo de la reforma judicial.

El Consejo de la Judicatura, con una votación de los señores consejeros que al menos a través de los medios de comunicación se han distinguido como afines al oficialismo, votaron a favor de que se me aperturara de oficio ese procedimiento disciplinario”, indicó.

A este contexto se sumaron las declaraciones de la magistrada Julia María del Carmen González, quien calificó la situación como un intento de intimidación a los jueces.

Este es un claro mensaje intimidatorio para todas las personas juzgadoras en este país. En tiempos sin precedentes estamos viendo estos embates del poder político que lo único que hacen es mermar por completo esa independencia que dicen privilegiar, esa autonomía que dicen tratar de evidenciar. Esto desde luego no tiene un trasfondo democrático. Ahí se ve claramente la intención del poder político de controlar absolutamente todas las decisiones jurisdiccionales que se emitan en este país. Si así empieza esto, imaginemos más adelante cómo va a continuar todas aquellas decisiones contrarias al oficialismo”, expresó la magistrada.

En respuesta a esta situación, el abogado internacionalista Zamir Fajardo Morales presentó, en nombre de 17 jueces y del propio juez Santamaría Chamú, una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos.

La intención es frenar lo que consideran ataques a la independencia judicial, asegurando la imparcialidad en las decisiones emitidas por los jueces en el país.