PRI recibe sanciones del INE por encima de los 5 millones de pesos

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso sanciones a partidos políticos nacionales, en este caso al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo a un comunicado, esto es derivado de la resolución de nueve procedimientos administrativos sancionadores y de queja en materia de fiscalización.

Entre las multas más destacadas, se encuentra una al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por $3,145,632.00, derivada de la omisión de reportar gastos correspondientes a siete Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en 2018.

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Además, el PRI recibió otra sanción por $2,621,370.33 por no rechazar la aportación de un ente impedido durante el periodo de campaña del Proceso Electoral Federal (PEF) 2017-2018.

Avances en la liquidación de partidos extintos

Durante la sesión, el pleno del INE también dio por recibido el Informe relativo a los procedimientos de liquidación de los extintos partidos políticos, correspondiente al periodo comprendido entre julio y diciembre de 2024.

Este informe forma parte de los esfuerzos del instituto para asegurar el cierre adecuado de las cuentas y obligaciones de las organizaciones políticas que han dejado de operar.

Según el INE, los partidos políticos nacionales pueden ser acreedores a multas, que consisten en el pago de una cantidad de dinero al Estado.

“El Instituto Nacional Electoral tiene la atribución de restar éstas del financiamiento público que se les otorga mensualmente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes de acuerdo a lo que señale la resolución que impone la multa”, según indican en su página web.

Otros puntos claves

En otro punto del orden del día, el Consejo General aprobó la Lista Nacional de personas autorizadas para emitir peritajes contables durante el ejercicio 2025.

Esta medida busca garantizar la profesionalización y transparencia en los procesos de fiscalización.

Asimismo, las y los consejeros avalaron la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos de la Agrupación Política Nacional Fuerza Migrante.

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Estas actualizaciones incluyen disposiciones en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, así como en el ejercicio de su libertad de autoorganización.