Trata de demostrar infidelidad imprimiendo casi 200 mensajes para juicio de divorcio y la Corte los rechaza como prueba por “obtenerlos ilegalmente”

CIUDAD DE MÉXICO.- — ¿Revisar el teléfono es una buena herramienta para un juicio? Esta historia que se ha vuelto viral en redes sociales despeja todas las dudas tras la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una situación similar.

En un matrimonio, una mujer en algún momento le dio la contraseña de su correo electrónico a su esposo, que años después ante las sospechas de presunta infidelidad decidió ingresar y buscar alguna prueba.

Para ello solicitó la presencia de un notario en Estado de México como testigo. En el correo halló cerca de 200 mensajes íntimos que su pareja compartía con otra persona.

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Tras el hallazgo decidió imprimir cada uno de los mensajes y llevarlos ante un juez al solicitar el divorcio, ya que en ese entonces no existía el divorcio incausado, mediante el cual por acuerdo de los cónyugues y sin demostrar algo más pueden concluir su relación matrimonial.

¿Por qué la SCJN rechazó como prueba los correos en infidelidad?

Los correos fueron rechazados como prueba de infidelidad, ya que el juzgador consideró que los consiguió de manera ilegal al invadir la privacidad de la persona, aún cuando ella le había compartido su contraseña anteriormente.

La sentencia señala que no tenía la autorización expresa para revisar su correo, además de dejar en claro que “protegen cualquier comunicación privada”, lo que incluye mensajes de texto, audios de voz y más archivos que se puedan encontrar en un dispositivo personal como celular o computadora.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que este tipo de pruebas solo son válidas cuando una de las dos personas que participaron en esa conversación decida aportar como prueba lo entablado en la comunicación, por lo que ningún tercero o persona externa podrá utilizarla como prueba en juicio.

Incluso en caso de que los afectados por algún tercero en la conversación lo decidan, pueden proceder legalmente contra la persona que revela el contenido comunicación bajo el delito de violación de comunicaciones privadas.