Narcos enviados a EU: Abogado de “Los Zetas” asegura que México no tiene manera de impedir la imposición de la pena de muerte y acusa al fiscal por querer “hacer legal un destierro”
La entrega de los acusados a Estados Unidos se realizó sin ninguna garantía de protección contra la pena de muerte o la prisión de por vida.
CIUDAD DE MÉXICO.— La semana pasada, el gobierno de México trasladó a 29 personas relacionadas con delitos de alto impacto a Estados Unidos.
Según información de El Universal, la decisión fue tomada por el gabinete de seguridad tras recibir una solicitud formal del gobierno estadounidense.
Autoridades mexicanas indicaron que existía un riesgo de posibles liberaciones y que los delitos de los involucrados justificaban el traslado.
El Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, señaló que la medida se fundamentó en la Convención de Palermo y en la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, la defensa de algunos de los extraditados asegura que la operación violó derechos y procedimientos legales.
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“No hay garantías contra la pena de muerte”
El abogado Marco Antonio Avilés, defensor de Miguel Ángel Treviño, “Z40”, y Alejandro Omar Treviño Morales, “Z42”, exlíderes de Los Zetas, declaró que no hay manera de que el gobierno mexicano garantice que sus clientes no sean sentenciados a la pena de muerte en Estados Unidos.
Nuestra garantía es la ley, cuando se sujeta a una operación a una convención internacional, como fue en este caso, se tienen que respetar las condiciones de esa convención, no hay duda”, afirmó Gertz Manero en conferencia de prensa al ser cuestionado sobre el destino de seis de los extraditados.
Según Avilés, la entrega de los acusados a Estados Unidos se realizó sin ninguna garantía de protección contra la pena de muerte o la prisión de por vida, lo que deja en incertidumbre su futuro legal.
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Un destierro, no una extradición
La defensa sostiene que el traslado no fue una extradición legal, sino un “destierro”. Avilés argumentó que se violaron suspensiones judiciales que protegían a sus clientes de ser enviados a Estados Unidos.
No se pueden violar suspensiones sobre un procedimiento que es ajeno a esas suspensiones”, respondió Gertz Manero en conferencia de prensa.
De igual manera, aseguró que la operación cumplió con lo establecido en la Convención de Palermo y el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional.
El abogado señaló que el gobierno de México no justificó que los extraditados representaran un peligro inminente en el país.
No había un elemento para considerar ello y es ahí donde se equivoca el fiscal en su apreciación”, apuntó.
El papel de México en la protección de los derechos humanos
Avilés afirmó que México “perdió la oportunidad de ser garante de derechos humanos” al colaborar activamente con la entrega de personas que podrían ser condenadas a la pena de muerte.
Según el abogado, se solicitarán medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar condenas irreversibles. No obstante, reconoció que Estados Unidos frecuentemente ignora las determinaciones de este organismo.
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Estados Unidos no acostumbra a someterse a jurisdicciones internacionales”, dijo Avilés.
Agregó que en una extradición formal, la Secretaría de Relaciones Exteriores pide garantías al país receptor para que no se imponga la pena de muerte. En este caso, los trasladados quedaron “a su suerte”.
El debate sigue abierto sobre la legalidad de esta operación y el respeto a los derechos de los extraditados, mientras sus abogados buscan protección internacional ante posibles condenas en Estados Unidos.
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