Los cuarteles que Silvano Aureoles presumió y que ahora son investigados por sobreprecio

Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán y actualmente prófugo de la justicia, ha sido señalado por el actual mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, por presuntos sobreprecios en la construcción y arrendamiento de siete cuarteles para la Secretaría de Seguridad Pública durante su administración.

Según la denuncia, se pagaron más de 5 mil 186 millones de pesos por conceptos de arrendamiento, proyecto y compra definitiva de estas bases policiales, lo que ha generado controversia y una investigación por presunto desvío de recursos.

Ramírez Bedolla afirmó en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva que cada cuartel tuvo un costo aproximado de 980 millones de pesos, cifra que calificó como “totalmente fuera de la realidad”.

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El gobernador comparó estos montos con los costos de cuarteles de la Guardia Nacional, los cuales, según él, no superan los 200 millones de pesos.

Además, denunció que Aureoles desvió recursos destinados a salud y educación para financiar la construcción de estas instalaciones, lo que llevó a la fiscalía a emitir una orden de aprehensión en su contra y la de cuatro excolaboradores de su gabinete.

Detalles de los cuarteles y presuntos lujos

Los siete cuarteles están ubicados en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, fueron construidos durante la gestión de Aureoles y están conformados por tres áreas: administrativa, policial y de oficinas gubernamentales.

Sin embargo, lo que ha llamado más la atención es que cada cuartel cuenta con una Casa de Gobierno anexa, equipada con dos recámaras y una sala principal, destinada supuestamente para que el entonces gobernador Silvano Aureoles pernoctara durante sus visitas.

Presunción de los cuarteles durante su gestión

Durante su mandato, Aureoles presumió en repetidas ocasiones la construcción de estos cuarteles, asegurando que Michoacán tendría “la mejor policía del país”. A continuación, un recuento de cómo presentó algunos de estos proyectos:

• Huetamo: Inaugurado el 17 de septiembre de 2017, este cuartel fue descrito como un complejo de 19 mil 300 metros cuadrados, equipado con un subcentro del C5 (Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia). Contaba con áreas de adra 400 elementos, comedor para 200 personas, helipuerto, taller mecánico, módulo de sanidad y servicios como lavandería y peluquería. Aureoles destacó que este proyecto formaba parte de un esquema de regionalización para profesionalizar a la policía.
• Jiquilpan: Inaugurado el 24 de marzo de 2018, este cuartel fue diseñado para albergar a 300 operativos y atender a 11 municipios. Aureoles lo presentó como un “esfuerzo inédito” en la lucha contra la delincuencia, aunque no se revelaron cifras específicas de inversión.
• Coalcomán: Anunciado el 26 de marzo de 2018, este cuartel abarcaba 35 mil 400 metros cuadrados y contaba con tecnología del C5 para atender a seis municipios. Según el exgobernador, beneficiaría a más de 77 mil habitantes.
• Zitácuaro: Este cuartel fue diseñado para cubrir 16 regiones y proteger a más de 614 mil habitantes. Aunque no se especificó el monto de la inversión, Aureoles lo presentó como parte de su estrategia de seguridad.
• Lázaro Cárdenas: Con un avance del 90% reportado en octubre de 2018, este cuartel fue inaugurado en marzo de 2019. Estaba destinado a albergar a 500 elementos y beneficiar a más de 246 mil habitantes en cuatro municipios.

Investigación y consecuencias

La denuncia de Ramírez Bedolla ha puesto bajo la lupa los costos y la transparencia de estos proyectos. Según el gobernador, los montos pagados por los cuarteles no se justifican, especialmente por la inclusión de áreas de lujo como las Casas de Gobierno anexas.

Además, se ha señalado que los recursos utilizados para estas construcciones provenían de áreas prioritarias como salud y educación, lo que ha generado críticas y una investigación por presunto desvío de fondos.

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Mientras tanto, Silvano Aureoles sigue prófugo de la justicia, y la fiscalía continúa con las investigaciones para determinar responsabilidades en este caso. La polémica ha dejado en evidencia las tensiones políticas en Michoacán y ha reavivado el debate sobre la transparencia en el uso de recursos públicos durante su administración.