Aumenta el desmantelamiento de cámaras ilegales del crimen organizado en México, van 2300 en 6 meses
Autoridades han desmantelado más de 2,300 cámaras ilegales utilizadas por el crimen organizado
En los últimos seis meses, autoridades han retirado más de dos mil 319 cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente en ocho estados del país. Estos dispositivos son utilizados por grupos del crimen organizado para monitorear movimientos de fuerzas de seguridad y rivales, así como para identificar posibles víctimas de robo, secuestro o extorsión.
De acuerdo con especialistas en seguridad, estas redes clandestinas permiten a las organizaciones criminales consolidar su control territorial al vigilar actividades económicas y anticipar operativos de las autoridades.
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Estados con mayor desmantelación de cámaras
Las acciones para desinstalar estos dispositivos han ocurrido en Guanajuato, Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Estado de México, San Luis Potosí, Chiapas y Sonora.
Uno de los estados con mayor número de cámaras ilegales retiradas es Guanajuato, donde en el municipio de Celaya fueron localizadas y eliminadas mil 400 unidades en octubre de 2023.
En Sinaloa, la estrategia para detectar y desmantelar estas redes comenzó en septiembre, tras el aumento de violencia derivado de disputas internas en el Cártel de Sinaloa. Hasta la fecha, se han retirado 499 cámaras en cinco municipios, la mayoría en Culiacán.
Otros estados han registrado cifras menores, como Veracruz con 150 dispositivos retirados.
- Acapulco con 120.
- Chiapas con 30
- Cajeme con 11.
- Naucalpan con 59.
¿Cómo opera el crimen organizado con estas cámaras?
Las organizaciones delictivas utilizan tecnología de consumo para su vigilancia, como cámaras inalámbricas conectadas a dispositivos móviles. Un caso reciente ocurrió en San Luis Potosí, donde un joven fue detenido con dos tabletas electrónicas desde las cuales monitoreaba 18 cámaras instaladas ilegalmente en el norte de la capital del estado.
En algunos casos, los grupos criminales han desarrollado sistemas más avanzados, como un centro de monitoreo asegurado en enero en Culiacán. Este lugar, presuntamente operado por la facción conocida como Los Chapitos, contaba con múltiples pantallas que vigilaban entradas y salidas de la ciudad.
El impacto de las redes de vigilancia ilegal
La instalación de estas cámaras genera riesgos tanto para la población como para las autoridades. Según expertos, su uso por parte del crimen organizado incrementa la violencia en zonas donde operan, afectando principalmente a empresarios y comerciantes.
Para las autoridades, la presencia de estos dispositivos ilegales reduce la capacidad del Estado para mantener el orden y garantizar el acceso a la justicia. Además, los delincuentes aprovechan la infraestructura pública, como postes de luz o estructuras de los centros de videovigilancia oficiales, para colocar sus cámaras.
¿Qué dicen las autoridades?
Las autoridades estatales y federales han intensificado los operativos para retirar estas cámaras, aunque reconocen que el problema persiste. En Sinaloa, el secretario de Seguridad, Óscar Rentería Schazarino, aseguró que la vigilancia del crimen organizado no supera la capacidad del Estado, aunque reconoció que seguirán implementando acciones para retirar estos dispositivos.
Sin embargo, especialistas como Armando Vargas, de México Evalúa, advierten que las estrategias gubernamentales siguen siendo insuficientes, ya que no existen planes específicos a nivel nacional para detectar y desmantelar estas redes de videovigilancia clandestinas.
El problema, señalan los expertos, radica en la facilidad con la que estos grupos instalan sus cámaras y en la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para combatir esta práctica.
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