Jalisco entre los estados con mayor irregularidades al no justificar millones de pesos destinados a seguridad: ASF
64 municipios de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Chiapas no han justificado el uso de 839 millones de pesos destinados a seguridad pública
Un análisis de la cuenta pública más reciente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que 64 municipios de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Chiapas no han aclarado el destino de 839 millones 420 mil 700 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun). Estos recursos debían ser utilizados para mejorar la seguridad pública, pero hasta la fecha no se ha justificado su uso.
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¿Qué es el Fortamun y para qué se destina?
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) es un recurso federal que los ayuntamientos reciben anualmente para cubrir necesidades básicas, como el pago de servicios o la mejora de infraestructura. Sin embargo, por ley, al menos el 20% del dinero debe destinarse específicamente a fortalecer la seguridad pública, lo que incluye equipamiento, capacitación de policías o prevención del delito.
La falta de transparencia en el uso de estos fondos preocupa, especialmente en regiones donde el crimen organizado ha incrementado la violencia.
Los estados con mayores irregularidades
De los cinco estados analizados, Jalisco presenta las mayores inconsistencias. Los ayuntamientos no han aclarado el destino de 431 millones 196 mil pesos destinados a seguridad pública.
Entre los municipios con las irregularidades más graves destacan:
- Zapopan, Jalisco
- Frontera Comalapa, Chiapas
- Pinos, Zacatecas
- Salvador Escalante, Michoacán
- Leonardo Bravo, Guerrero
En estos municipios, no hay evidencia clara del uso de los recursos asignados, a pesar de ser zonas con presencia activa del crimen organizado.
¿Qué casos destacan en cada estado?
En Jalisco, la falta de transparencia en los recursos de seguridad es especialmente alarmante, ya que el estado enfrenta un aumento de la violencia. Recientemente, las autoridades hallaron un campo del crimen organizado con un crematorio clandestino, lo que evidenció la presencia de grupos criminales en la región.
En Michoacán, en el municipio de Buenavista, 17 millones 357 mil pesos que debían destinarse a seguridad pública están en el limbo. Esta localidad ha sido escenario de violencia extrema, como el caso reciente de un menor de 15 años que murió tras la explosión de una mina terrestre colocada por el crimen organizado.
En Zacatecas, donde existe una disputa territorial entre los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, la ASF detectó que 156 millones 300 mil pesos destinados a seguridad pública no fueron justificados.
En Guerrero, particularmente en Chilpancingo, la ASF reportó que 2 millones 269 mil pesos que debían reforzar la seguridad de la población están sin comprobar. Esta ciudad enfrenta una percepción de inseguridad del 86.9 % al cierre de 2024, lo que refleja la urgencia de utilizar adecuadamente los fondos.
¿Por qué es preocupante la falta de transparencia?
De acuerdo con Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, la opacidad en el manejo de los recursos de seguridad agrava la violencia en estas regiones. Rivas considera que, además de incrementar el presupuesto para combatir la inseguridad, es fundamental que la sociedad civil participe en la fiscalización de los fondos, para evitar el desvío o mal uso del dinero.
El especialista enfatizó que la vigilancia ciudadana es clave para asegurar que los recursos realmente beneficien a la población y no terminen en manos del crimen organizado o sean utilizados con otros fines.
¿Qué acciones se requieren para frenar esta situación?
Organismos de la sociedad civil y expertos coinciden en que se necesitan medidas como:
- Auditorías más frecuentes a los ayuntamientos para transparentar el gasto.
- Participación ciudadana activa para vigilar el destino de los fondos.
- Mayor coordinación entre los gobiernos estatal y federal para garantizar que los recursos lleguen a las áreas afectadas por la violencia.
La falta de justificación del uso de estos 839 millones de pesos es un reflejo de la crisis de transparencia en municipios que enfrentan altos índices de violencia, lo que genera incertidumbre sobre si los recursos están siendo utilizados para proteger a la población o si están siendo desviados hacia otros fines.
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