General de Nuevo Laredo es destituido de su cargo tras acusaciones de desaparición forzada

NUEVO LAREDO, Tamaulipas.- El general Miguel Ángel Ramírez Canchola fue removido de su cargo como comandante de la guarnición militar en Nuevo Laredo tras dos protestas de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y graves violaciones a derechos humanos, realizadas frente al 16° Regimiento de Caballería Motorizada.

Durante la ceremonia de entrega-recepción, encabezada por el general Fernando Colchado Gómez, comandante de la Octava Zona Militar, el nombre de Ramírez Canchola fue omitido por completo, lo que muchos vieron como un intento de restar importancia al escándalo.

El nuevo comandante, el general Rolando Solano Rivera, asumió el cargo en un acto celebrado este martes en el nuevo Cuartel Militar, con la presencia de autoridades municipales y consulares.

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El ejército mexicano cometió graves violaciones a derechos humanos, acusa la CNDH

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Mientras ocurría el relevo, familiares de víctimas y activistas se manifestaron por segundo día consecutivo a las afueras del cuartel, exigiendo justicia. Con fotografías de sus seres queridos y pancartas, demandaron investigaciones transparentes.

Raymundo Ramos Vázquez, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, afirmó que la destitución del general no es suficiente: “La Sedena debe llevar ante la justicia a todos los responsables, incluidos los altos mandos”.

Mientras ocurría el relevo, familiares de víctimas y activistas se manifestaron por segundo día consecutivo a las afueras del cuartel

Su organización ha documentado al menos 36 casos de abusos en los últimos tres años, atribuidos a militares y elementos de la Guardia Nacional. Entre los crímenes más graves bajo el mando de Ramírez Canchola destacan:

• El asesinato de cinco jóvenes (26 de febrero de 2023) por soldados del 16° Regimiento, quienes recibieron condenas de más de 40 años, pero sin que se investigara a sus superiores.
• La muerte de Lidia Iris Fuentes Galván, una niña asesinada en un operativo en octubre de 2024.
• El homicidio de Armando Hernández Gallardo, un joven que trabajaba en un autolavado para pagar sus estudios.
• La ejecución de Yuricie Rivera, enfermera del IMSS, en el mismo mes.

Estos casos no son aislados, sino parte de un patrón de violencia sistemática. En mayo de 2023, cinco civiles armados fueron ejecutados tras un choque vehicular, y en abril de ese año, efectivos de la Guardia Nacional dispararon contra una familia, matando a una mujer embarazada y a un anciano.

“Exigimos una reforma en el uso de la fuerza militar y una purga en las filas castrenses”, declaró Ramos Vázquez. Mientras tanto, las familias de las víctimas enfrentan amenazas y las investigaciones de la FGR avanzan con lentitud.