México podría ser examinado por la ONU por crisis de desapariciones, según CED

CDMX.– México podría convertirse en el primer país del mundo en ser sometido a escrutinio por la Asamblea General de las Naciones Unidas por una crisis “generalizada o sistemática” de desapariciones forzadas, de acuerdo con el presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), Olivier Frouville. Ante esta posibilidad, diversas organizaciones civiles urgieron al gobierno de Claudia Sheinbaum a colaborar con el CED para atender la problemática.

Con más de 125 mil personas desaparecidas hasta septiembre de 2024, México lidera el número de Acciones Urgentes tramitadas ante el CED, con 681 casos, por encima de países como Irak.

Este procedimiento permite que el comité dé seguimiento inmediato a desapariciones recientes y exige respuestas obligatorias del Estado, conforme lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Desde su primera visita en 2021, el CED ha documentado indicios de una situación sistemática de desapariciones en el país.

Ahora, aplicará el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, lo que elevaría el caso mexicano al pleno de la Asamblea General de la ONU.

Mecanismos contra la impunidad

Organizaciones como Consultora Solidaria ven esta acción como una oportunidad para impulsar mecanismos internacionales contra la impunidad y esclarecer las causas estructurales del fenómeno.

El Centro Prodh y el Cepad señalaron que esta medida no se habría tomado si el Estado mexicano hubiera implementado las recomendaciones emitidas en 2021, como la creación de una política nacional de prevención.

También exhortaron a que las reformas legales impulsadas por la presidenta Sheinbaum consideren las voces de los colectivos y las observaciones del CED para responder verdaderamente a la magnitud de la crisis.

Desde Ginebra, la organización I(dh)eas celebró la decisión del CED, considerándola una oportunidad para que el Estado mexicano asuma con seriedad la dimensión de la tragedia y se comprometa con acciones eficaces junto con familiares, sociedad civil y organismos internacionales.

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Las organizaciones coincidieron en que negar la crisis o minimizarla solo prolonga el sufrimiento de miles de personas, y urgieron al gobierno mexicano a asumir una postura de apertura y cooperación.