ONU activa protocolo de emergencia por desapariciones forzadas en México: ¿En qué consiste el artículo 34?

Por primera vez en la historia, la ONU activa el artículo 34 de la Convención contra Desapariciones Forzadas para México. Este procedimiento podría escalar hasta la Asamblea General de la ONU si se confirma un patrón generalizado o sistemático de desapariciones.

Organizaciones civiles advierten que esta medida refleja la gravedad de la crisis en México.

¿Qué es el Artículo 34 y por qué se activó?

Según La Jornada, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas anunció este viernes la activación del artículo 34, un mecanismo reservado para los casos más graves. Este procedimiento permite:

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• Solicitar información urgente al Estado mexicano sobre la situación de desapariciones.
• Evaluar si existe un patrón generalizado antes de llevar el caso a la Asamblea General.
• Presionar al gobierno para que cumpla con sus obligaciones internacionales.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

El proceso seguirá esta ruta crítica:

1. Solicitud de información a México (próximas semanas): El Comité pedirá datos oficiales sobre casos, investigaciones y políticas aplicadas.
2. Evaluación de la respuesta: Si la ONU considera insuficiente la información, podría escalar el caso.
3. Posible intervención de la Asamblea General: En el escenario más grave, el tema se discutiría a nivel global.

¿Por qué es grave para México?

El Comité ya había recomendado en 2021 una Política Nacional contra Desapariciones, pero no se aplicó, lo cual demuestra una falta de implementación política que permitió la escalada de la crisis de desapariciones.

Si el caso llega a la Asamblea General, podría derivar en sanciones o auditorías externas.

¿Qué puede pasar ahora?

Si México coopera: El Comité podría dar seguimiento sin escalar el caso.

Si hay opacidad: Aumenta el riesgo de que la ONU intervenga directamente.

Esta es la primera vez que la ONU aplica este mecanismo contra un país, lo que subraya la severidad de la crisis en México. El gobierno enfrenta una encrucijada: cooperar con la comunidad internacional o arriesgarse a un mayor aislamiento en materia de derechos humanos.

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