Avanza campaña de desarme voluntario en estos municipios del país

México.- Durante la conferencia matutina presidencial, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (SG), informó que en una semana la ciudadanía de Celaya, Guanajuato —considerado el estado más violento del país— entregó de manera voluntaria tres armas de uso exclusivo del Ejército, como parte del programa federal de desarme.

Entre las armas recuperadas se encuentran dos rifles AR-15 y un fusil AK-47, entregadas en el módulo instalado frente a la catedral de Celaya, uno de los municipios considerados prioritarios para la atención de la violencia.

Resultados nacionales del programa de desarme

Desde el 10 de enero hasta la fecha, la SG reportó los siguientes resultados a nivel nacional:

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• mil 297 armas entregadas por ciudadanos:
• 875 armas cortas
• 302 armas largas
• 120 granadas
• 55 mil 111 cartuchos recuperados
• mil 223 cargadores
• 2 cartuchos de dinamita
• 245 estopines

Además, se han canjeado 3 mil 162 juguetes bélicos por juguetes lúdicos, recreativos y didácticos, con el objetivo de promover una cultura de paz desde la infancia.

Incentivos y beneficios

Rodríguez subrayó que quienes entregan armas reciben dinero en efectivo, como incentivo para participar en el programa y reducir riesgos de accidentes domésticos, especialmente en hogares con menores de edad.

El programa de desarme voluntario opera actualmente en cinco estados:

• Ciudad de México
• Guerrero
• Chihuahua
• Guanajuato
• Tabasco

Avances en la atención a causas de la violencia

La titular de la SG también informó sobre otros esfuerzos del gobierno federal para combatir la violencia desde sus causas. Entre ellos:

• Más de 1 millón de atenciones brindadas en municipios prioritarios, principalmente a través de programas sociales universales.
• 7 mil estudiantes de secundaria en zonas prioritarias ya reciben la beca Rita Cetina, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, orientada a apoyar a jóvenes y promover su permanencia en el sistema educativo.

Con estas acciones, el gobierno federal busca reducir la violencia estructural y armada, mientras fomenta un entorno más seguro y oportunidades para las comunidades más afectadas del país.

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