Comité de la ONU defiende decisión de llevar caso de México por desapariciones a la Asamblea General

CIUDAD DE MÉXICO.- — El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas salió este miércoles al paso de las críticas del Gobierno mexicano, luego de que anunciara su intención de activar el artículo 34 de la Convención Internacional para llevar el caso de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

La medida, sin precedentes en la historia del Comité, se basa en la sospecha de que las desapariciones forzadas en México podrían estar ocurriendo de forma generalizada o sistemática, según lo establece el tratado internacional firmado por el país.

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Primera vez que se activa este mecanismo

El 4 de abril, el Comité comunicó oficialmente su intención de aplicar el procedimiento del artículo 34, lo que permitiría escalar el caso mexicano al máximo órgano deliberativo de la ONU.

Esta decisión provocó una rápida reacción del Gobierno mexicano, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, quien acusó al Comité de actuar con “mucho desconocimiento” sobre la situación real del país.

“La ONU no entiende completamente el fenómeno de desapariciones en México, que está relacionado con la delincuencia organizada, no con el Estado”, aseguró Sheinbaum.

En una nota aclaratoria, el Comité respondió que todas sus decisiones se toman “con extremo cuidado y gran sentido de responsabilidad”, y aseguró que su objetivo sigue siendo “mantener la cooperación y los intercambios constructivos con México”.

¿Qué dice el artículo 34?

De acuerdo con el texto de la Convención, el artículo 34 permite que el Comité lleve una situación ante la Asamblea General cuando recibe información creíble de que en un Estado parte se están cometiendo desapariciones forzadas de forma sistemática o generalizada.

De acuerdo con La Jornada, este proceso incluye varias etapas críticas:

1. Solicitud de información: En las próximas semanas, la ONU pedirá al gobierno mexicano detalles sobre los casos y las investigaciones en curso.
2. Evaluación de la respuesta: Si la ONU considera que la información proporcionada es insuficiente, el caso podría escalar.
3. Posible intervención de la Asamblea General: Si la situación no mejora, se discutiría a nivel global, lo que podría derivar en sanciones o auditorías externas.

Aunque la aplicación del artículo no es vinculante, tiene un fuerte impacto simbólico y político. Implica que Naciones Unidas considera que hay señales suficientes para poner el tema en el centro del debate internacional.

El Comité había recomendado en 2021 la creación de una Política Nacional contra Desapariciones, una medida que no se implementó, lo que permitió la intensificación de la crisis de desapariciones. La ONU subrayó originalmente que si el gobierno mexicano coopera, podría evitar una intervención directa.

Rechazo de Morena y sus aliados en el Senado

En la última semana, el partido Morena, encabezado por figuras como Luisa María Alcalde, ha reaccionado enérgicamente contra la activación de este protocolo, acusando al Comité de actuar de manera facciosa.

A través de un pronunciamiento oficial, Morena aseguró que desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal ha implementado diversas estrategias para combatir las desapariciones, tales como la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada.

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En su pronunciamiento, Morena también defendió las acciones de la administración, destacando el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum en la implementación de la Plataforma Única de Identidad y otras iniciativas de búsqueda.

También el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó la postura de la ONU como una “frívola aseveración” y advirtió que presentará acciones legales para pedir el retiro del presidente del Comité, Olivier De Schutter, por prejuzgar sin pruebas.

“No prejuzgamos”

Ante la controversia, el Comité subrayó que el procedimiento aún está en una etapa inicial y que por ahora sólo se solicitará información al Estado mexicano sobre las denuncias recibidas.

“Esto no prejuzga en modo alguno los próximos pasos del procedimiento”, aclaró.

También señaló que la Convención no limita las desapariciones forzadas a las perpetradas por el Estado, sino que incluye aquellas cometidas por grupos paramilitares o el crimen organizado con el consentimiento o aquiescencia de funcionarios públicos, aclaración dirigida a declaraciones de Sheinbaum, quien atribuyó los casos exclusivamente al narcotráfico.

Además, el Comité recordó que su decisión se tomó por consenso entre sus miembros, tras evaluar diversas fuentes de información, incluidos informes del propio Estado mexicano, denuncias de organizaciones civiles y otros elementos relevantes.